Una vez que Nadia Calviño se ha entregado por entero a la agitación y la propaganda gubernamentales, según las cuales nuestro crecimiento “es robusto”, “crece el empleo” y las “expectativas mejoran”, el Estado solo dispone, a modo de voz de la conciencia, de la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, licenciado en Economía y Empresariales y Derecho y titulado por el IESE de la Universidad de Navarra, además de economista del propio banco, entidad en la que ha desempeñado, antes de dirigirlo, diversas responsabilidades. 

Hernández de Cos es un gobernador del Banco de España que se ajusta a las funciones que su normativa le impone. La entidad goza de autonomía respecto de la Administración General del Estado, como dispone la Ley 13/1994 que la regula. El Banco de España es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales y está sometido a las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea (sic) y a los Estatutos del SEBC y, en consecuencia, debe atenerse a las orientaciones e instrucciones que emanan del Banco Central Europeo (artículo 1º).

El objetivo principal del banco consiste en mantener la estabilidad de los precios y el cumplimiento de otras funciones que están largamente definidas en el artículo 7º de la ley de 1994, complementada en 2002, 2005 y 2015. Las facultades de Hernández de Cos consisten en dirigir el banco y presidir tanto el Consejo de Gobierno como la Comisión Ejecutiva, ostentar su representación en el ámbito nacional y en el internacional y desempeñar la condición de miembro tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo General del Banco Central Europeo. 

Se trata, en consecuencia, de un cargo de gran responsabilidad nacional y europea. Por ello, es nombrado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno para un periodo, no renovable, de seis años y su cese por el Ejecutivo solo puede producirse —además de por su renuncia y por la expiración del mandato— por “incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incumplimiento grave de sus obligaciones, incompatibilidad sobrevenida o procesamiento por delito doloso”. Pero en caso de que se diese alguna condición que justificase su cese —salvo la delictiva—, este debe adoptarse a propuesta del Consejo de Gobierno del banco, previa audiencia del interesado.

Toda la explicación anterior es procedente para entender que el Gobierno de Sánchez no tiene facultades para neutralizar a Hernández de Cos, como le gustaría a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que le acusa sin pudor —¿comparamos la solvencia técnica del uno y de la otra?— de “tomar partido por opciones ideológicas” y de no basar sus criterios “en datos”. O sea, de ser un sectario ignorante.

El gobernador no es del gusto de este Consejo de Ministros ni de los sindicatos, porque sus diagnósticos económicos y financieros son técnicos y contravienen las expectativas de la Moncloa, sea en la naturaleza cuasi estructural de la inflación, en el menor porcentaje previsible de incremento del producto interior bruto, en el mal impacto del gasto público y en la necesidad de evitar una escalada de precios y salarios mediante un amplio pacto de rentas. Y en la advertencia de que podríamos correr riesgo de estanflación (inflación y recesión). 

Sánchez desearía para la gobernación del Banco de España a cargos dóciles como Tezanos en el Centro de Investigaciones Sociológicas o como Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado y como tantos cargos públicos que, aunque está previsto gocen de autonomía, no la ejercen para no contravenir los designios del poder político.

Ese no es el estilo del gobernador que fue nombrado en mayo de 2018, aunque asumió su responsabilidad el 11 de junio, días después de la exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy. El nombramiento correspondió a la época del presidente popular y causó malestar en las filas socialistas y de la izquierda del PSOE, pero la trayectoria del gobernador era impecable y lo seguirá siendo hasta junio de 2024, transcurridos los seis años de mandato.

La estrategia que desarrollan algunos ministros trata no tanto de echar al gobernador —no pueden hacerlo—, como de callarle de manera estentórea e intimidante, como aquella recordada imprecación en una cumbre iberoamericana (noviembre de 2007) del rey Juan Carlos al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez: «¿Por qué no te callas?«. 

Va a ser que no. Que Hernández de Cos no va a callar porque, entre otras muchas razones, concurren dos para que no lo haga: su propio entendimiento de su responsabilidad, que es de una elogiable integridad desde el comienzo de su gestión, y porque debe atenerse a las instrucciones y orientaciones del Banco Central Europeo, que él transmite en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados ante la que comparece frecuentemente y mediante los análisis e informes del servicio de estudios de la entidad, que gozan de indudable reputación y solvencia técnica.

El papel del gobernador del Banco de España es, en este tiempo histórico que vivimos, absolutamente crítico. Hace falta que su voz, autónoma del Gobierno y basada en criterios técnicos, dibuje la realidad de la economía española, las consecuencias de las tantas veces insensatas decisiones gubernamentales y advierta seriamente de los riesgos en que el Ejecutivo y el sistema financiero están incurriendo. 

Callar a Hernández de Cos, después de que la Moncloa haya conseguido tantos silencios cómplices, sería demoledor para la estabilidad socioeconómica española. Olvidan tanto el Gobierno como los sindicatos que las advertencias del responsable del Banco de España recogen también el criterio de Fráncfort, sede del Banco Central Europeo, a cuya cúpula pertenece y del que ya se rumorea que podría ser un serio aspirante para presidirlo.