Herrira disponía de tres millones al año para los presos de ETA

Herrira, la plataforma descabezada por la Guardia Civil el pasado 30 de septiembre, con la detención de 18 de sus cabecillas en el País Vasco y Navarra, gestionaba un presupuesto anual próximo a los tres millones de euros, destinados en gran parte a mantener a los presos de ETA y a abonar las minutas de sus abogados.
Minutas para abogados Otra partida importante, en torno a los 700.000 euros, estaba destinada a pagar a los abogados
Así ha quedado comprobado gracias a laboriosas investigaciones, que siguen abiertas y pueden arrojar nuevos frutos en próximas fechas. Tan abultado presupuesto lo consiguió Herrira con tan solo año y medio de existencia
Los responsables de Herrira manejaban este presupuesto mediante cuentas bancarias, que fueron bloqueadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, aunque también disponían de grandes cantidades en efectivo, que guardaban en sus sedes. De hecho, en su base logística de Hernani, los agentes de la Benemérita se incautaron de unos 60.000 euros. Del presupuesto total, la mayor partida, aproximadamente un millón de euros, iba destinada directamente a los más de 700 presos que ETA tiene dispersados en España, Francia y, en menor medida, en terceros países.
Cubren así las necesidades de sus reclusos, pero también de esta manera se aseguran la disciplina de los familiares y amigos, que conforman una red fundamental para la estrategia de la banda. La política penitenciaria es el único argumento que hoy en día tiene la «izquierda abertzale» para movilizar a sus simpatizantes.
Otra partida importante, en torno a los 700.000 euros, estaba destinada a pagar la asistencia jurídica de los presos. Los abogados batasunos cobran, y bien, por defender a los pistoleros. Compensan así su trabajo como letrados a tiempo parcial, ya que buena parte de su jornada laboral la dedican muchos de ellos a hacer de emisarios entre las dirección de la banda y los reclusos, para transmitir consignas. Según fuentes próximas a la investigación, el resto del presupuesto se emplea para sufragar la asistencia médica extraordinaria a los presos etarras y para cubrir otra serie de gastos. Por ejemplo, la compra o alquiler de estructuras logísticas y sedes, distribuidas por el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. La adquisición de material para sus actividades propagandísticas y de enaltecimiento del terrorismo – «ongi etorris», homenaje a presos– esto es, pancartas, aparatos de imagen y sonido, alquiler de locales o teléfonos, también se lleva un buen pellizco del presupuesto de Herrira.
A estos desembolsos se suman los derivados de la compra de furgonetas como parte de los premios en los denominados «sorteos de solidaridad». El dinero recaudado en estas tómbolas, de más que dudosa legalidad, se dedica a pagar el sueldo de los «liberados» que desarrollan su actividad laboral en Herrira con dedicación exclusiva. En el momento de su descabezamiento tenía algo más de una veintena de empleados en «nómina».

Fuentes de recaudación
Las investigaciones han permitido esclarecer la estructura financiera de Herrira, que estaba dividida en tres niveles de «Cajas». La «Caja Nacional» gestionaba las minutas de los abogados, los gastos de propaganda y otros que generaban las actividades a nivel general del País Vasco, Navarra y País Vasco francés. La «Caja de Herrialde» atendía los gastos de infraestructura y «nómina» de los «liberados». Finalmente, la «Caja Local» manejaba los gastos comunes relativos a celebración de juicios y ayudas a los presos y sus familiares.
La Guardia Civil considera objetivo prioritario esclarecer todas las vías de recaudación de fondos que utiliza Herrira para cubrir sus gastos y que a la vista del elevado presupuesto anual, esos tres millones de euros, parecen estar muy bien estructuradas. De las investigaciones se desprende que esas fuentes diversas siguen el «modus operandi» que aplicaban sus antecesoras, las Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, antes de ser ilegalizadas.