Hipocresía judicial alemana

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein descartando la entrega a España de Carles Puigdemont para que sea procesado por el delito de rebelión ha supuesto un balón de oxígeno para el separatismo catalán. De momento, su efecto inmediato ha sido la puesta en libertad provisional del líder secesionista y la reanudación de sus actividades contrarias a la Constitución y a las leyes.

Ahora bien, el fallo no puede considerarse una desautorización de la rigurosa instrucción del proceso dirigida por el juez Llarena; entre otras razones, porque el tribunal alemán carece no solo de los conocimientos mínimos sobre la forma en que aquella se ha desarrollado, sino sobre todo de competencia para enjuiciar la actuación de aquel. No hace falta ser jurista para comprender que resultaría absurdo que el Derecho europeo habilitase a un tribunal regional para examinar y enjuiciar, en 48 horas, delitos de la máxima gravedad instruidos en otro Estado diferente por el Supremo, su más alto Tribunal de Justicia.

El auto alemán incurre en un nacionalismo judicial incompatible con los principios de la UE y contradice de forma manifiesta la normativa europea reguladora de la euroorden. Esta normativa está basada en dos principios fundamentales: la confianza mutua y el reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales. El primero implica que, dado que todos los miembros de la Unión son estados de Derecho dotados de un Poder Judicial independiente, el principio que rige las relaciones entre los jueces de los distintos países es el de confianza. Como corolario de esa confianza se establece el reconocimiento recíproco de sus resoluciones. Ciertamente, el reconocimiento no es automático, sino que está sometido a unos requisitos. En el caso de la euroorden, se exige que los hechos por los que se solicita la entrega de un prófugo también sean constitutivos de delito en el otro Estado. Y nada más.

No estamos ante una controversia de Derecho penal, sino ante una infracción del Derecho europeo. El debate sobre si el prófugo es responsable o no de un delito de rebelión es algo que lógicamente sólo puede dirimir el Tribunal Supremo. Sin embargo, en un evidente exceso de jurisdicción en el que subyace la ‘desconfianza’ hacia el Poder Judicial español, el tribunal alemán no se ha limitado a comprobar si el delito de rebelión tiene equivalente en el código penal alemán, sino que ha entrado a valorar los hechos y afirmado que, aun existiendo en Alemania un tipo penal similar (la alta traición), la «violencia» que alentó Puigdemont, al no haber conseguido doblegar al Estado, no es suficiente para que exista el delito. Según este seudorazonamiento del tribunal alemán, solamente habría delito si la rebelión/alta traición triunfa. Pero es evidente que, en esos casos, ante un triunfo rebelde, la Justicia ya no podría actuar. Si Tejero y demás golpistas de 1981 se hubieran fugado a Schleswig-Holstein tampoco los habrían entregado puesto que, por fortuna, no lograron doblegar a los poderes legítimos del Estado constitucional. Para llegar a esta sorprendente conclusión e interpretación del delito de alta traición, el tribunal se basa en un caso que considera equivalente, unas protestas ecologistas contra la ampliación de un aeropuerto.