Un sector de las élites políticas ha interpretado la historia no como una disciplina académica, sino como un arma de doble filo: una herramienta de propaganda para legitimarse que, a su vez, suponía una potencial amenaza para su posición. Por supuesto, esa visión instrumental era compartida por aquellos que pretendían arrebatarles el poder o transformar el sistema.

George Orwell condensó ese afán en el Ministerio de la Verdad de la novela ‘1984’. «Quien controla el presente controla el pasado. Y quien controla el pasado controlará el futuro». En un ensayo de 1945 ya había escrito que «todo nacionalista acaricia la idea de que el pasado puede alterarse. Pasa la mayor parte del tiempo en un mundo fantástico en el que las cosas suceden como deberían suceder».

Quienes manipulan la historia con fines espurios tienen enfrente a los profesionales dedicados a estudiar y difundir que las cosas sucedieron como sucedieron, no como deberían haber sucedido. No es de extrañar que a menudo el trabajo de archiveros, bibliotecarios, historiadores, museógrafos y divulgadores haya despertado la ira de turbas, tiranos y terroristas, enemigos declarados de libertades como las de expresión y de cátedra. La hostilidad contra los productores de historia ha sido un fenómeno universal, como se comprueba en ‘Crimes against History’, de Antoon De Baets, que contabiliza 428 historiadores y 19 archiveros asesinados por razones políticas desde la Antigüedad hasta 2017.

También ocurrió en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Más recientemente, el nacionalismo vasco radical puso en la diana a los historiadores cuyas publicaciones no eran patrióticamente correctas. La violencia de persecución hizo que algunos autores evitaran los temas espinosos o dejaran de escribir. Otros tuvieron que vivir con escolta policial o fueron obligados a partir al exilio, como Txema Portillo y Manu Montero, por citar dos ejemplos.

Hoy en día los odiadores ultraabertzales continúan ese acoso en las redes sociales. Tal vez se crean albaceas de la memoria de ETA, pero nadie los toma en serio: ya no disparan más que insultos y patrañas. Lo mismo puede decirse de sus homólogos de ultraderecha y de extrema izquierda, a los que tanto se parecen.

Por desgracia, los ataques que los productores de historia están recibiendo en otras latitudes son más serios. Es el caso de quienes conforman Memorial, una organización no gubernamental presente en Rusia, Ucrania y otros países que el año pasado ganó el Premio Nobel de la Paz. Data de 1987 cuando, gracias a la política de transparencia del presidente Gorbachov, surgieron en la URSS iniciativas de la sociedad civil que en 1989 se unificaron y en 1992 dieron lugar al actual Memorial. Su primer presidente fue el físico Andréi Sájarov, represaliado por la dictadura comunista y Premio Nobel de la Paz en 1975. Fue en su honor que el Parlamento Europeo instituyó el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, que en 2000 recibió la asociación vasca ¡Basta Ya!

Los voluntarios de Memorial se dedican a una labor triple. Por una parte, investigan y difunden la historia de la represión gubernamental desde la etapa soviética hasta la actualidad. Por otra, impulsan la reparación legal y moral de las víctimas del totalitarismo. Por último, promueven los derechos civiles en Europa del Este.

La actividad de Memorial supone un obstáculo para el muy nacionalista Gobierno de Putin, empeñado en borrar los episodios más oscuros de la historia rusa y en resucitar los sueños imperiales del zarismo y del estalinismo. Por eso hace años que lanzó una ofensiva contra archiveros, historiadores, museógrafos y periodistas. Amenazados por el poder, algunos de ellos han tenido que huir de Rusia. Otros han sido encarcelados o algo peor: en julio de 2009 fue asesinada Natalia Estemirova, activista, periodista y profesora de historia que formaba parte de la junta de esta ONG. Y el año pasado se clausuró la sede de Memorial en Moscú. «Una catástrofe que forma parte de la gran catástrofe», nos contaron nuestros colegas rusos hace unos días, cuando un grupo de historiadores españoles pudimos reunirnos con ellos en Madrid gracias al Ministerio de Exteriores.

Pese a los intentos de liquidar Memorial, la ONG sobrevive como red internacional y continúa con sus proyectos: recopilar fuentes orales, digitalizar y traducir documentación, investigar, elaborar bases de datos de los represaliados, documentar crímenes de guerra y hacer pedagogía de lo que supuso el estalinismo (y sus epígonos). Estos historiadores son un ejemplo para todo el gremio. No se me ocurre mejor manera de homenajearlos que conocer y dar a conocer su trabajo.