El diputado del PDeCAT y ex conseller de la Presidencia, Francesc Homs, está a un paso de sentarse en el banquillo por organizar la consulta del 9-N, impulsada por el Ejecutivo de Artur Mas y prohibida por el Tribunal Constitucional pocos días antes de su celebración. El magistrado del Supremo Andrés Palomo ha dado por concluida la instrucción del caso y ve motivos suficientes para juzgar al portavoz de la antigua Convergència por prevaricación y desobediencia, cargos que implican penas de inhabilitación pública como los 10 años que la Fiscalía ya ha pedido para Artur Mas, con juicio el próximo 6 de febrero.
Tras poner fin a la instrucción de la causa, el magistrado da un plazo de 10 días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral o el archivo de la causa, algo que parece del todo improbable dada la contundencia del auto de 33 folios emitido ayer. En concreto, el Tribunal Supremo concluye que Homs no sólo no suspendió, sino que «potenció» el proceso participativo en Cataluña que culminó con la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Para el magistrado, la conducta de Homs fue «arbitraria», «injusta» y contraria «absolutamente» a la Constitución y añade que el que fuera conseller de Presidencia de la Generalitat hizo prevalecer su voluntad propia «con desprecio deliberado» de la resolución del Tribunal Constitucional, que prohibía la celebración de la consulta. Ello supuso «una suplantación del poder constituyente» mediante unas actuaciones «injustas, contrarias a derecho» y realizadas «con plena conciencia de su ilicitud». Cabe recordar que por aquel entonces Francesc Homs ejercía también de portavoz del Govern y era la mano derecha de Artur Mas en el Ejecutivo de CiU.
Entre los indicios, el magistrado cita especialmente la indicación que Homs dio a su equipo para contestar una carta de T-Systems –empresa a la que se habían encargado las tareas informáticas de la consulta del 9-N– que preguntaba si la suspensión acordada por el Constitucional afectaba a esos trabajos. La respuesta instada por Homs fue que, tras consultar a los servicios jurídicos de la Generalitat (lo cual no había hecho), los servicios o actividades que proveía T-Systems no estaban explícitamente afectados por la providencia del Constitucional, según señala el auto. Es más, la compañía realizó las tareas para las que fue contratada y cobró por ellas 135.254 euros.
También recuerda las quejas expresas que Homs trasladó al Consejo del Audiovisual de Cataluña por el hecho de que algunos medios no estuvieran emitiendo la publicidad institucional sobre la consulta o el alquiler de uno de los pabellones de Montjuïc para habilitar un centro de prensa durante toda la jornada del 9-N.
En una comparecencia ayer por la tarde, el líder del PDeCAT en el Congreso acusó al Estado de «criminalizar» y querer presentar como «delincuentes» a los promotores de la consulta. También anunció que no presentará recurso y que se reserva «su artillería jurídica» para el juicio.