ABC 20/09/16
· La desobediencia del 9-N, más cerca del banquillo
· El exconsejero de Mas tilda a la Fiscalía de «brazo armado» del Gobierno e insiste ante el juez en la legalidad de la consulta prohibida por el TC
Desde la página 1 Aseguró que acudiría a declarar con la estelada colgada y que diría a los magistrados del Tribunal Supremo que están al servicio del Gobierno del PP. Pero ni una cosa –lució un discreto pin de la estelada en la solapa de su americana– ni la otra. El exconsejero de la Generalitat y hoy diputado del Partido Demócrata de Cataluña (PDC), Francesc Homs, empleó ayer una hora y media en defenderse ante el juez de las imputaciones que pesan sobre él por su participación en el pasado 9-N. Una extensa declaración para alguien que considera esta causa «un proceso político y no jurídico» contra Cataluña, en el que «la sentencia ya está escrita», según diría después, cuando, arropado por los suyos, volvió a crecerse en ese pequeño espacio de la Generalitat en Madrid: el centro cultural Blanquerna.
Acompañado por una pírrica comitiva presidida por Artur Mas –muy alejada en número de la hace unos meses arropó al expresidente de la Generalitat en el TSJ de Cataluña–, Homs llegó al Tribunal Supremo diez minutos antes de lo previsto para responder por los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación de los que indiciariamente se le acusa. El político catalán logró la complicidad de diputados de ERC –Joan Tardà–, de En Comú Podem –Marcelo Expósito– y del PNV –su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban–, que le arroparon ante las puertas del Supremo.
La estrategia de defensa de Homs, perfectamente articulada, pasó por no responder a las preguntas de la Fiscalía, a la que considera «el brazo armado del Gobierno», e insistir en la legalidad de su actuación asegurando que la resolución del TC que prohibía la consulta «era imposible de cumplir». Lo contrario, dijo, habría supuesto ignorar «el mandato democrático del pueblo de Cataluña». Lo que quizá no esperaba el aforado es que enfrente se iba a encontrar con un magistrado más preocupado por el cumplimiento de la ley que por las soflamas independentistas. De ahí que en un tenso interrogatorio, que Homs se limitó a calificar de «vivo», el instructor Andrés Palomo no le hiciera pasar un buen rato. «El juez no ha acabado de entender en qué situación nos encontrábamos en ese momento», confesaba el aforado.
Homs salió del Tribunal con la convicción de que la sentencia condenatoria del 9-N «ya está dictada» y que existe una actividad «gregaria» entre Gobierno, Fiscalía y jueces instructores respecto a esta causa. «Lo que se quiere es otra cosa y los argumentos jurídicos importan lo que importan porque lo relevante es seguir el hilo gregario de lo que ha establecido el Gobierno del
PP primero, acto seguido la Fiscalía y después la instrucción», señaló. Al TC le acusó directamente de estar «al servicio del Gobierno de España».
El exconsejero adelantó que «políticamente» no va a acatar las decisiones que se tomen «en el marco jurídico» y sostuvo que si lo que intentan algunos es «amedrentarnos» «no han entendido nada porque yo sólo soy un pretexto. Con la fuerza puedes imponer muchas cosas pero no puedes convencer jamás a que cambien sus ideas», dijo.
Y en la misma línea de las manifestaciones de este fin de semana, Homs volvió a arremeter contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía, «su brazo armado». Argumentó que la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 2014 es contradictoria con la decisión inicial de los fiscales catalanes, que «no veían caso». La Fiscalía, insistió, cambió «de cabo a rabo» su juicio de los hechos, algo «escandaloso».
Ante esta acusación la reacción de los fiscales progresistas no tardó en llegar: el Ministerio Público cumplió «escrupulosos filtros de legalidad» tanto en su formulación como en la admisión a trámite de la querella, dijo la UPF.
Mientras, las reacciones políticas se sucedieron. Desde Valencia, adonde acudió a una cumbre con el presidente Ximo Puig, Carles Puigdemont calificó de «día de la vergüenza» el de ayer. El presidente catalán avisó de que si hay condena por el 9-N, «las consecuencias serán más que una queja».
«Incoherencia» de los líderes
A las puertas del Supremo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban sostenía que «consultar a la gente nunca puede ser un delito en democracia». «El problema catalán no se puede resolver por vías judiciales», afirmaba a su lado el diputado de En Comú Podem en el Congreso Marcelo Expósito.
Desde la cúpula de Podemos, su secretario de organización, Pablo Echenique, defendió que «todo el peso de la ley» caiga sobre «la corrupción del 3%» de la antigua Convergencia, y no porque sus dirigentes sacaran urnas a la calle para consultarles sobre el futuro de Cataluña.
En el bloque constitucionalista, la líder de C’s en Cataluña, Inés Arrimadas, destacó la «incoherencia» de Mas y Homs, que afirman «con orgullo» antes los medios que han desobedecido al TC, «y luego lo niegan ante el juez». «Es otro episodio de política espectáculo de CDC», terció a su vez el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.