LUCÍA MÉNDEZ-EL MUNDO

Quim Torra, presidente de la Generalitat, se apareció en Madrid para participar en un desayuno organizado por la agencia Europa Press. Era la primera vez que Torra comparecía en la capital de España en un acto público y su presencia despertó un interés bastante descriptible. En palabras de Rajoy, no asistió ni el Tato del mundo de la política. El Gobierno envió a un director general y los partidos políticos españoles a nadie. Le arroparon varios de los miembros de su Gobierno, los diputados de Junts per Catalunya, alguno de ERC, otro de EH Bildu y representantes empresariales y de ONGs. Muchos periodistas llenaron los huecos de los representantes de las instituciones.

No está el momento de la política nacional para ir a escuchar una conferencia sobre la desobediencia civil y los Derechos Humanos impartida por el presidente de una comunidad autónoma. En su condición de activista, que no de político a pesar del cargo que ocupa, Torra desplegó todos sus conocimientos en la materia, citó a los clásicos de la desobediencia civil y habló con un estudiado tono de calma y sosiego con el que pretendió borrar el rastro de los alegatos sobre la violencia del procès escuchados en el juicio del Supremo, clave de una posible condena de los líderes políticos procesados, entre otros, por un delito de rebelión.

El presidente catalán no ahorró dramatismo ni victimismo en sus consignas y lamentos sobre la ley, «dura ley» aplicada a los que se saltaron la Constitución y convocaron un referéndum de autodeterminación. «Insinuar que los ciudadanos que iban a votar o los políticos que están en prisión preventiva son violentos o incitaban a la violencia es una falsedad emocionalmente inaceptable para mucha gente en Cataluña». Torra informó que mucha gente en los pueblos de Cataluña se le echa a llorar cuando hablan de los Jordis –«¿por qué están en prisión los Jordis?»– y del resto de los políticos independentistas que están en la cárcel.

La sentencia del Supremo está al caer y el independentismo tiene su mente y su actuación puestas en la respuesta al fallo. Desde su condición de presidente de la Generalitat, Torra advirtió que las autoridades catalanas sólo aceptarán una absolución. En caso de condena –que el independentismo da por hecha– se abrirá una nueva etapa de confrontación de su Gobierno con el Estado. Otra más. Torra lleva varios meses negociando con los partidos independentistas de los líderes procesados una respuesta a la sentencia, pero las formaciones discrepan de la forma que ha de tener la contestación.

Así que no pudo aclarar mucho en qué consistirá concretamente esa reacción al fallo del Supremo. Entre otras cosas, porque –al margen del proceso por desobediencia que se sigue contra él en el TSJC– Torra no ha tomado ninguna decisión de incumplimiento flagrante de las leyes, como sí hicieron sus antecesores en el Gobierno de la Generalitat. Más que probablemente porque no quiere seguir los pasos de quienes han acabado en el banquillo, en la cárcel o en Waterloo.