Enfrentado a la presión de la opinión pública, el Gobierno aseguró primero que no tocaría los impuestos que soporta la tarifa, para bajarlos parcialmente después y terminar luego por eliminarlos casi en su totalidad. Anunció un acuerdo en el seno del consejo de ministros que requirió una aclaración un par de días después. Una aclaración de legalidad incierta y tan confusa, sin firma y sin compromiso legal que en realidad no aclaró nada. Y esta semana el Congreso aprobó su plan, que tiene una duración de tan sólo seis meses y, en la misma sesión, se anunció ya su próxima ‘modulación’ para evitar perjuicios indeseados. Todo muy coherente.

Sigo en el mismo día pero subo un peldaño en el escalafón hasta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien anunció su intención de prohibir a las empresas que cuenten con más de un 15% de personal eventual en sus plantillas. Es evidente que en nuestro país la temporalidad es excesiva, lo que redunda en plantillas menos motivadas, en una peor transmisión de la cultura de la empresa y lo es más grave, en perores registros de siniestralidad. Podría haber diseñado un plan de fomento de la estabilidad -que necesariamente debe pasar por revisar el proceso y los costes del despido-, pero prefirió ir directamente a la prohibición. Vale, pero resulta curioso que no mirara a su alrededor y detallara cómo va a descender hasta ese nivel desde la cima de temporalidad que tiene la Administración central y que se sitúa en el 27,5%, o la del casi 40% de algunas comunidades autónomas bien próximas. Quizás esté pisando ahora mismo una de ellas…

Vamos con las pensiones, que han tenido un plan muy reciente, uno de esos de ‘contento general’, pues garantiza su nivel adquisitivo tras actualizarlo en virtud de la evolución de los precios. ¿Ha arreglado el problema de su sostenibilidad? ¡No, que va! Lo ha agravado y después lo ha cambiado de sitio. Los Presupuestos de 2022 prevén un aporte de 36.000 millones de euros, a los que añade un préstamo de 10.000 millones. Este ‘troceo’ tiene su gracia. El préstamo, como todos los anteriores, no lo va a pagar el sistema pues su déficit crece y carece del dinero necesario para hacerlo. ¿Entonces? Entonces no se arregla nada, pero se disimula algo.

Me gustaría terminar con los impuestos. No se ha realizado un estudio en profundidad de la eficacia y la equidad del sistema impositivo actual, pero el Gobierno introduce poco a poco y de manera puntual una serie de modificaciones que elevan la presión fiscal, justo ahora que se baja en todos los países del entorno.

La coyuntura industrial se ha endurecido de manera brusca e importante y nada nos permite suponer que cosas tan graves como el precio de la energía, la escasez de gas, el encarecimiento de las materias primas, los trastornos del transporte marítimo o las presiones salariales vayan a aflojar en los próximos meses. Así que quizás fuera mejor ser prudente antes de apretar en figuras como el Impuesto sobre Sociedades, que se ha convertido en un aprisco refugio de todas las demagogias, o en los alquileres, que van a tensionar aún más a una oferta que no cubre la demanda y eleva los precios. Pero esto da para más, así que volveremos sobre ello otro día.