Las grietas, presentes desde la misma investidura, empezaron a hacerse más notorias con la turbulenta aprobación de la reforma laboral, y son ya costumbre adquirida tras la votación, el pasado jueves, de las medidas contra la crisis abierta por la invasión de Ucrania, en la que EH Bildu y ERC se repartieron los papeles, con calculado esmero, para permitir su titubeante éxito. Pero en ambos casos se trataba de asuntos de gestión que siempre conllevan, incluso sin tanta heterogeneidad, tiras y aflojas entre aliados. Las grietas de verdad alarmantes, por sintomáticas de inminente derribo, se han abierto en cuestiones que se llaman «de Estado». Así, la intrépida resolución presidencial en el conflicto saharaui, la decisión de enviar armas a Ucrania y la celebración en Madrid de la próxima cumbre de la OTAN han sido objeto de agrias discrepancias públicas entre socios y aliados del Gobierno. Y, cercano ya a lo obsceno, las escuchas con que habría acosado el CNI a personas del independentismo catalán y vasco, mediante el sistema llamado Pegasus, han activado odios larvados entre miembros gubernamentales de UP y la ministra de Defensa, hasta el punto de exigir o insinuar aquellos la dimisión de ésta.

Si mala es la continua y pública polémica en el seno del Gobierno, el efecto que produce en otras instituciones que deberían quedar a salvo resulta alarmante. Así, las citadas escuchas abruman de tal manera al Gobierno, que no ha recurrido éste a otra ocurrencia tan osada que la de invadir competencias institucionales ajenas para salir del agobio. En tal sentido, la oferta al aliado catalán de la investigación del asunto por parte de una institución que, además de ser inadecuada, escapa a su jurisdicción, como es la Defensoría del Pueblo, o el endose a la presidenta del Congreso de la adopción de una precipitada y, a la vez, tardía resolución sobre el cambio de composición de la comisión de secretos, para dar cabida en ella, entre otros amigos, a Bildu, son dos decisiones que, independientemente de su corrección, desmerecen de los usos constitucionales. ¡Poca falta le hacía una «invitación» gubernamental de este tipo a una presidenta del Congreso que ha dado ya muestras de su deferente docilidad al inhibirse, siempre en favor del Gobierno, de su inalienable función de dirigir la todavía pendiente elección de los miembros que al Congreso atañe del CGPJ! Pero, como ella misma dijo al adoptar la inoportuna resolución citada, «me he visto en la obligación (de hacerlo)… vista la falta de sentido de Estado» (sic).

Triste es, sin embargo, constatar que la reiteración de la denuncia resulta estéril, por haber tan recurrentes abusos criado callo en la conciencia política y ciudadana. ¡Tan inveterada y general es la costumbre! Dejemos, pues, el juicio a la neutralidad de la Historia y limitémonos nosotros a observar que tan continuas y profundas discrepancias entre socios y aliados crean una tan gran incomodidad incluso entre quienes se recrean en exhibirlas, que generan una predisposición irrefrenable a confrontarlas en la lucha electoral abierta. A este respecto, el adelanto de las elecciones andaluzas suena ya a clarín que anticipa la faena. Sólo que la polarización y el bloquismo que entretanto se han creado generan tal pavor a la victoria del otrora adversario y hoy abierto enemigo, que el triste espectáculo podría languidecer hasta su natural término, cuando pasen los dos años que, en principio, quedan. Sea como fuere, el olor a elecciones se ha hecho tan intenso, que su convocatoria es ya cuestión de oportunismo.