En el Ejecutivo autónomo aseguran no entender la razón que ha llevado al Alto Tribunal a aceptar el recurso, al considerar que está basado en «falsedades» y es «flojo» en su argumentación. El PNV advierte de que si el fallo del Constitucional se retrasa más allá del 15 de septiembre, se entendería como una «decisión política».
La admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central contra la consulta, que ha traído consigo por ahora la suspensión automática de la ley, ha sentado como un jarro de agua fría al PNV y, en especial, a Ibarretxe, como impulsor de esta iniciativa. El lehendakari resumió su parecer en una frase contundente. Calificó la decisión adoptada ayer por el Tribunal Constitucional como una «actualización del despotismo ilustrado: todo para el pueblo vasco, pero sin el pueblo».
Durante su intervención en la conmemoración del 25 aniversario del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Ibarretxe evitó referirse directamente al varapalo judicial sufrido por el referéndum y centró su discurso en la «necesidad» de ampliar la capacidad de decisión del País Vasco. En este sentido, emplazó a la sociedad a lograr «entre todos» un mayor «autogobierno político y económico» y censuró que 30 años después de aprobar el Estatuto, no se hayan trasladado las competencias acordadas al respecto.
Las críticas más duras vinieron de la mano del Gobierno vasco. Fuentes del Ejecutivo autónomo declararon no entender la razón que ha llevado al Alto Tribunal a aceptar el recurso, al considerar que está basado en «falsedades» y es «flojo» en su argumentación. «La consulta, al contrario de lo que plantean, no supone ningún choque de soberanías. Emplaza a un final de la violencia dialogado y deja las cuestiones políticas a los partidos, emplazándoles a acordar sobre el derecho a decidir en un periodo de dos años. No se trata de decisiones que afecten a ninguna norma», expresaron. La presidencia vasca apuntó que la suspensión, por ahora cautelar, del referéndum ha sido fruto de «la decisión personal» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que, según denuncian, «ha hecho uso de una facultad excepcional que le concede la Constitución». Por ello, se mostraron confiados en obtener un pronunciamiento favorable del TC sobre el fondo de la cuestión, lo que permitiría que la consulta se celebrase finalmente el 25 de octubre. Fuentes del Ejecutivo vasco tildaron, no obstante, de «desolador desde el punto de vista democrático» que destacados miembros del gabinete de Zapatero expresen públicamente «su total seguridad» de que el Alto Tribunal declarará inconstitucional la ley y «anticipen» de esta forma la decisión de un órgano de gobierno «que debe actuar con independencia del poder político».
«Política de trincheras»
Desde el Gobierno vasco reclamaron al TC, como ya lo hicieran el martes el lehendakari, la Abogacía del Estado y el PP, que se pronuncie antes del 15 de septiembre para evitar que, el calendario de fechas para la celebración de la consulta, en caso de ésta reciba el visto bueno judicial, se vea afectado. A esta petición se unió también ayer el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu, quien advirtió de que de retrasarse el fallo se entendería que hay una «decisión política detrás».
El dirigente nacionalista descartó adelantar ningún tipo de respuesta por parte de su formación ya que, según apuntó, no va a «jugar a decir nada que antes no trasmita a los partidos», si bien adelantó que al tratarse de una ley aprobada por el Parlamento vasco, cualquier iniciativa ante la impugnación no debe recaer exclusivamente en el Ejecutivo autónomo, sino que la Cámara vasca deberá también «analizar el posible recorrido que se pueda hacer ante esta situación». En este sentido, Urkullu abogó por un «pronunciamiento conjunto» de los grupos que avalaron con su voto la consulta, a excepción de EHAK. «Se trata de fomentar la relación de los ciudadanos con el discurso político, de ser sensibles a las necesidades de las personas, algo que siempre nos ha impregnado», argumentó.
En una rueda de prensa en Sabin Etxea, el líder del EBB anunció que se producirán diferentes respuestas «en cada tiempo» del proceso y denunció la existencia de una «alianza» entre el PSOE y el PP para «reeditar la política de trincheras que se conoce desde 2001» e impedir con ello que se supere el actual «bloqueo» que sufre la política vasca.
EL CORREO, 18/7/2008