La última información publicada por EL ESPAÑOL a partir de los WhatsApps secretos de Koldo García, que atañe esta vez a Miquel Iceta, constituye una prueba más que apuntala una constatación mantenida por este periódico desde el inicio del escándalo.
A saber, que la corrupción del Koldogate va mucho más allá de los hechos aislados o periféricos de un asesor o de un ministro. No estamos ante una simple red de cobro de comisiones por mascarillas durante la pandemia.
Por el contrario, las evidencias apuntan a un sistema estructural de tráfico de influencias que alcanzó a múltiples ministerios y colonizó diversos organismos públicos.
Una trama informal que tenía su epicentro, en último término, en el entorno directo de Pedro Sánchez y su mujer, y en las relaciones que mantenían con actores económicos que, casualmente, resultaron luego agraciados por decisiones de su propio Gobierno.
La información publicada el domingo por este diario, que revela que Koldo García maniobró para «enchufar» a la pareja de Iceta, Ángel García Rosique, como piloto en una filial de Ávoris Corporación Empresarial, es especialmente ilustrativa en ese sentido.
Este lunes, EL ESPAÑOL ha ampliado la información revelando que Iceta no fue un simple convidado de piedra en la operación.
«Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible», le escribió Iceta a Koldo.
El afectuoso agradecimiento del exministro de Cultura a Koldo García por colocar a su pareja, según se desprende de los mensajes, refleja no sólo que la relación entre Iceta y su marido con Koldo García era de una amistad estrecha, lo cual ya resultaría de por sí censurable. Sino también que el exministro estaba al tanto de todas las gestiones y ejerció presión por su parte para asegurar el fichaje.
Este nuevo episodio vuelve a mostrar un patrón alarmante: el uso indebido de la influencia política y el dinero público para comprar favores personales.
Es la misma lógica que operó en el enchufe del joven militante socialista recomendado por José Bono en la empresa pública Ineco con un sueldo de 36.000 euros. O en las sombrías relaciones con Air Europa y el empresario Carlos Barrabés, beneficiado con cartas de recomendación de la esposa del presidente mientras patrocinaba sus actividades académicas.
En todos estos casos, el nexo común es el beneficio privado a la sombra de la decisión pública.
Por ello, aunque a Miquel Iceta ya no se le puedan exigir responsabilidades políticas en sentido estricto al no ocupar ninguna cartera ministerial, está obligado a dar explicaciones inmediatas.
Debe aclarar por qué, conociendo el beneficio directo que su círculo íntimo obtenía de Ávoris, no se abstuvo en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de 320 millones de euros para la empresa que acababa de contratar a su pareja. Su obligación legal y ética era la inhibición ante un conflicto de intereses de libro.
El caso de Iceta no puede despacharse como un incidente menor sumado al resto de cargos salpicados. Son ya demasiados los indicios que obligan a los implicados a deponer su actitud evasiva, y a aclarar las fundadas sospechas de una confusión sistemática entre lo público y lo privado dentro del ecosistema sanchista.
Una práctica coherente, por otro lado, con la concepción patrimonialista del poder exhibida por el presidente, y con una corrupción moral que ya resulta clamorosa.
Por lo pronto, parece que mientras el Gobierno hacía bandera de la transparencia en la gestión de la SEPI y los fondos europeos, el círculo íntimo de Ábalos y Koldo operaba, en realidad, como una agencia de colocación privada para allegados del PSOE. Los españoles merecen saber cuántos favores más se pagaron con el dinero de todos los contribuyentes.