«El bloque de la moción de censura está llamado a asumir la responsabilidad de la dirección de Estado». Pablo Iglesias se fijaba públicamente este objetivo el 5 de diciembre de 2019 durante una intervención en el Congreso. Exactamente, un mes antes de que se celebrase la sesión de investidura con la que se dio luz verde al primer Gobierno de coalición desde la vuelta de la democracia. En el bloque de la moción, el ahora vicepresidente segundo incluía explícitamente, además de a PSOE y Unidas Podemos, a ERC, PNV y Bildu. Casi un año después de aquella declaración de intenciones, y tras ganar la batalla interna en el Ejecutivo para orillar a Ciudadanos de los Presupuestos priorizando los apoyos de este bloque, daba por consumada su aspiración: «La disponibilidad de EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado».

 El paso adelante de Bildu, que se encargó de anunciar su coordinador, Arnaldo Otegi, avanzando su apoyo a los Presupuestos «si nada se tuerce», estaba previamente hablado y pactado con Pablo Iglesias. «Atentos a Radio Euskadi», se transmitía con cierto misterio desde el entorno de los aludidos minutos antes de la entrevista de Otegi en esta emisora, solemnizando lo que pretendía convertirse en un hito político. La escenificación de un salto a la normalidad institucional de la coalición ‘abertzale’, objetivo que figuraba tímidamente en su horizonte desde sus primeros pasos en 2011 y que ahora ha acelerado Iglesias. El Iglesias vicepresidente, conocedor del universo ‘abertzale’, con el que trató infructuosamente de tejer alianzas desde Madrid durante su militancia juvenil en los movimientos antiglobalización.Infructuoso fue también su intento de arrastrar al PSE-EE a un tripartito de izquierdas con Bildu y Unidas Podemos en las pasadas elecciones vascas. Una estrategia que generó dudas dentro de las propias filas moradas, pero que dejó poso con argumentarios de campaña como que «la sociedad vasca está preparada y nosotros vamos a empujar» o que «Elkarrekin Podemos es el único capaz de sentar en una mesa a PSE y EH-Bildu». En la mencionada intervención de Iglesias un mes antes de la investidura, conceptualizaba todo este proceso como «democracia inclusiva». Con todo, la consecuencia es que se refuerza así el muro frente la geometría variable con Ciudadanos, que siempre fue objeto de deseo de los socialistas.

 No hay, por tanto, margen de improvisación en estos movimientos. Antes de llegar al Ejecutivo, Iglesias defendía la necesidad de «empezar de cero» la denominada «democracia integrativa», porque entendía que el bipartidismo imperfecto, en el que PSOE y PP se podían poner de acuerdo en cuestiones trascendentales para la gobernabilidad o bien con el PNV o con la antigua Convergència, «no va a volver». Principalmente, según defendía, porque el PP «está en otra cosa, peleándose con la extrema derecha de Vox, y eso va a durar tiempo». En este contexto, se arrogaba ya la voluntad de que «los que tenemos responsabilidad de dirección de Estado y de trabajar la democracia integrativa somos nosotros».Desde estas coordenadas teóricas, se trabajó la inclusión de los ‘abertzales’ y ERC, que mantienen vetos cruzados con Cs, en la gobernabilidad del país. Las cuentas para 2021 tienen vocación de legislatura debido a la distribución de los fondos provenientes de Bruselas, y la gobernabilidad hasta el final del mandato se pretende hacer descansar en el bloque de la investidura. Sin embargo, las resistencias dentro del Gobierno a la hoja de ruta de Iglesias han sido notorias. Desde el sector socialista, se abogaba por una geometría variable intercambiando a ERC por Cs, hasta el punto de que se iniciaba el curso político priorizando el apoyo de los naranjas a los Presupuestos. «Son quienes mejor han entendido la situación», se argumentaba desde Hacienda.

 Fue Pablo Iglesias quien maniobró dentro y fuera del Ejecutivo para evitar un intercambio del bloque de investidura por el bloque de la alarma, con Cs y el concurso de los nacionalistas vascos. Primero, echando un pulso al ala del Ejecutivo más favorable a Ciudadanos, hasta lograr pactar con Sánchez que los morados estarían en la mesa de negociaciones de los Presupuestos con otros grupos y que los apoyos comenzarían a buscarse entre aquellos que facilitaron la investidura con su voto a favor o con su abstención. Segundo, tomando la iniciativa a través de encuentros públicos con ERC y Bildu para darles carta de naturaleza como socios preferentes frente a Cs y escenificar su hoja de ruta. Además de fijar interlocutores para ir aterrizando números sobre los Presupuestos.La disposición de Bildu a dar su apoyo a los Presupuestos ha generado críticas entre algunos barones socialistas. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado a través de las redes sociales que le produce dolor «ver a Otegi siendo clave para decidir los PGE». «Les pedimos que participaran de la democracia como único camino y lo acabaron haciendo. Lo que nunca imaginé es que la política española, por la negativa a llegar a acuerdos, los hiciera importantes», concluyó. Este martes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, también criticó el acuerdo con ERC para aprobar una enmienda a la ley Celaá que suprime el castellano como lengua vehicular.

«La única alternativa progresista»

La determinación de Iglesias por asentar la gobernabilidad en lo que desde Unidas Podemos consideran como «la única alternativa progresista» se fue aderezando con guiños a las formaciones independentistas, desde la tramitación de los indultos a los presos del ‘procés’ a la reforma de la sedición en el Código Penal o las enmiendas pactadas a la ley Celaá. Poco más de un mes después de que desde el Gobierno se promoviese la idea de que Ciudadanos sería un socio preferente para pactar los Presupuestos, se marcaba el cambio de rumbo desde la mesa del Consejo de Ministros. «El Gobierno hablará con todos los grupos, muy especialmente con los que hicieron posible la investidura del señor Sánchez», aseguraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha llevado el peso de las negociaciones para los Presupuestos y que en un primer momento se encontraba entre las más favorables a la inclusión de Ciudadanos.

Lo hacía después de expresar que ERC había trasladado su «disposición para acordar los Presupuestos para el año 2021». Repreguntada sobre este énfasis en los partidos que facilitaron la investidura, Montero matizaba que ello no suponía excluir a ningún grupo, aunque reconociendo que estas formaciones «comparten un proyecto de país» y «el carácter progresista que tiene este Gobierno».

 Poco a poco, desde Moncloa se comenzó a reconocer que el apoyo de Ciudadanos, incompatible con ERC y Bildu, se antojaba más difícil que el de sus socios de investidura. La apuesta de asentar la legislatura en el bloque de investidura se justificó por la aritmética parlamentaria y la vocación progresista del programa de coalición. El programa de gobierno no podría salir adelante de la mano de Cs. No solo por las divergencias ideológicas con la formación naranja, que se opondría a los proyectos marcados en la hoja de ruta del Ejecutivo, sino también por el peso del grupo de Inés Arrimadas. Sus 10 escaños seguirían dejando al Gobierno lejos de la mayoría necesaria para sacar adelante votaciones en el Congreso, incluso sumando al PNV a esta suerte de geometría variable. Los nacionalistas vascos, actores fundamentales para la gobernabilidad, también presionaron para que el Gobierno priorizase a sus socios de investidura.
 Iglesias, junto al bloque de la investidura que salió más cohesionado de la moción de censura promovida por Vox, ha marcado el paso a Sánchez. «Democracia inclusiva» y nueva «dirección de Estado», en palabras del vicepresidente segundo. «Si nada se tuerce», según el matiz del coordinador de Bildu.