Si Salvador Illa fuera honrado habría incluido en el pacto con ERC las imprescindibles iniciativas de reforma constitucional para hacerlo viable dentro de la ley. Pero el nuevo president de la Generalitat no es un político honesto. A la misma hora en la que, a metros del Parlament, Puigdemont desafiaba al Tribunal Supremo y reclamaba la inmediata aplicación de la ley de amnistía, coordinadamente, en la sesión de investidura, Illa exigía su “aplicación ágil y rápida, sin subterfugios”. Ambos coinciden en lo relevante para la continuidad del procés: romper el marco constitucional sin necesidad de modificar la Constitución.
Hay que ser muy tramposo para pedir el voto a electores víctimas del independentismo y utilizarlo al servicio de un proyecto secesionista como el que figura en el acuerdo de gobierno que le ha convertido en presidente. Eso, después de asegurar que nunca -¡nunca!- pactaría el gobierno con ERC, “por independentista”. Tiene mucho mérito lograr que casi un millón de votantes socialistas lo apoyen, a pesar de, poniendo cara de Teresa de Calcuta, desafiar leyes y sentencias para imponer una política lingüística -¡inequívocamente fascista!- que prohíbe y persigue el castellano, convirtiendo a quienes le votan en extranjeros en su propia casa.
Aunque Illa el Tramposo afirma que él quiere hablar de carreteras y centros de salud, lo que lleva en el vientre el acuerdo que le hizo presidente es una carga de profundidad contra la España del 78
De las trampas narrativas se ocupa El País que, frente a las evidencias del pacto con ERC, está vendiendo un supuesto cambio de ciclo en Cataluña. Para darle verosimilitud al cuento, necesitan hacerle un traje de estadista a Salvador Illa. El director adjunto Claudi Pérez no ahorra en pólvora: “Illa, con esas gafas de pasta que parecen un antifaz y una mandíbula de acero que le permitió capear la covid como ministro…”. Tiene bemoles calificar como un gran gestor de la pandemia a quien, encargado de Sanidad hasta enero de 2021, aparecía en todos los rankings internacionales entre los peores del mundo, como informaba entonces El País. ¿Un nuevo ciclo? Alfonso Guerra les contestaba recientemente: “Algunos no dicen la verdad, es un camino hacia la independencia”.
Aunque Illa el Tramposo afirma que él quiere hablar de carreteras y centros de salud, lo que lleva en el vientre el acuerdo que le hizo presidente es una carga de profundidad contra la España del 78. Incide en el traslado de soberanía para situarla en una comunidad autónoma, lo que llevaría, no a una España federal, como miente Sánchez, sino a una confederación de nuevo cuño. Fetichismo con los nombres, trampas. No importa la denominación, el PSC-PSOE compromete en el acuerdo de gobierno la gestión tributaria plena para Cataluña, como si nada, sin pestañear. Illa añade cinismo cuando valora que esa financiación singular se hace “sin perjudicar a nadie”. ¿Aún mantiene García-Page que se fía de Illa?
El president reproduce como una grabadora contenidos y argumentos íntegros del informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) para la soberanía fiscal catalana, catecismo del independentismo utilizado desde 2011. Santiago Muñoz Machado, reconocido constitucionalista y director de la RAE, ha argumentado con contundencia –Cataluña y las demás Españas, 2014- sobre la ilegalidad de un cambio del régimen financiero constitucional como el propuesto. “Se puede pronosticar sin riesgo que el Tribunal Constitucional declararía la incompatibilidad con la Constitución”, escribía el jurista. Hace doce años, en Informe sobre España, también desmontaba la trampa de equiparar la propuesta con el modelo alemán, como hace ahora en La Vanguardia el actual director del independentista IEA Joan Ridao.
Se trata de decisiones propias de un proceso constituyente que «necesitarían la concurrencia de voluntades suficientes para cambiar la Constitución de raíz y sustituirla por otra muy diferente”, como sentencia Muñoz Machado
En la misma categoría de manifiesta inconstitucionalidad se inscriben los “hechos constituyentes” propuestos por el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que fijó las bases jurídicas, políticas y financieras para la independencia de Cataluña, hoy incorporadas al discurso político del PSC-PSOE -por 7 votos o por 20-. “Camino hacia la independencia”, como afirma Alfonso Guerra, y sin cambiar una coma del texto constitucional. Se trata de decisiones propias de un proceso constituyente que «necesitarían la concurrencia de voluntades suficientes para cambiar la Constitución de raíz y sustituirla por otra muy diferente”, como sentencia Muñoz Machado. Nada que no corresponda en exclusiva al sujeto constituyente, el pueblo español. Illa puede poner cara de pingüino si quiere, pero él no liquida el procés, es parte del procés.
El PSC-PSOE se ha sumado al proceso golpista de utilizar los recursos de una comunidad autónoma para crear estructuras propias de un Estado, sea para permitir “embajadas” catalanas o crear la Agencia Tributaria de Cataluña. Televisado en directo, los españoles están viendo cómo el nuevo president -con gafas de concha o de platino- anuncia la construcción de un nuevo Estado español -plurinacional, dice- como quien se toma un café. Para facilitar el engaño, en El País recurren a lenguaje orweliano: “La vertiente institucional del procés está finiquitada”. ¿Vertiente institucional? No, más bien, violación del derecho de un Estado democrático a evitar ser destruido por una parte de los habitantes que lo integran.
La fuga de Puigdemont, obviamente pactada para despejar la investidura del candidato socialista, retrata el colapso monumental de la democracia española: los responsables de la Seguridad Nacional son sus enemigos. Illa y Sánchez no están reformando el Estado, lo están destruyendo.
Coincido con Núñez Feijóo: “¡emergencia nacional!”.