Javier Santa Cruz-Editores
Hemos llegado en España a una evidente anomia social. No hay normas claras, y las que existen se pueden soslayar y hasta transgredir. Son los propios dirigentes políticos actuales que conforman la mayoría parlamentaria los que se han encargado de devaluar la legitimidad de las instituciones y la dignidad de lo que representan.
Nada parece que les impida hacer lo más conveniente para sus intereses, así confesado de una manera más o menos explícita por el propio presidente del Gobierno en su entrevista en TVE a colación de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Tienen que aprobar una ley claramente inconstitucional para liberar a los independentistas catalanes? Pues a mano tienen una mayoría dócil en el Congreso que dice “sí” dónde ayer decían rotunda y solemnemente “no”.
¿Tiene que legitimar esa ley manifiestamente inconstitucional, producto de la necesidad y la ambición de Sánchez? Enseguida encuentran un útil y moldeable «pumpido» con una amanuense más ignorante que claudicante para hacerlo.
Si es necesario establecer una España privilegiada y otra postergada, unos españoles favorecidos y otros que paguen los favores, tenemos a la vicepresidenta Montero que nos inunda de palabrería para que no entendamos nada. El último ejemplo, que adecenta y legitima un pronunciamiento decimonónico, la trasgresión de las leyes y las sentencias es la fotografía de hoy de Illa con Puigdemont.
Será vano que exijan a los demás respeto a las leyes, que pidan contención o reivindiquen el cumplimiento de «los mandamientos» del buen ciudadano. Han perdido (ya lo perdieron hace mucho tiempo) todo el derecho y la legitimidad política, ética y práctica para pedir lo que ellos no cumplen.