En la junta general de Repsol, Josu Jon Imaz, su consejero delegado, fue interpelado por una representante de Greenpeace que mezcló ética y energía. La respuesta que obtuvo fue fulminante, pues le puso enfrente de la cruda realidad. Lo que no es ético para el consejero delegado y no es razonable para cualquier observador es esa mezcla de autolesión, papanatismo industrial y dogmatismo energético sobre la que hemos basado la prohibición de explorar y, por supuesto, explotar yacimientos de gas en España. Mientras, no tenemos ningún inconveniente en llenar los depósitos y las tuberías con un gas extraído del subsuelo americano, que se transporta después en barcos que cruzan el Océano Atlántico y se quema al final en las industrias locales. Todo ello con un saldo muy superior de emisiones de CO2. Claro que se puede pensar que lo emitido en EE UU no es de nuestro interés, pero eso no es propio de ningún internacionalista de izquierdas, ni de cualquiera que se preocupe por las cosas reales.

El señor Imaz recordó lo expresado con anterioridad por su presiente y puso sobre la mesa los problemas que la representante de Greenpeace debería solucionar, si de verdad desea realizar una aproximación ética a la situación. La realidad es muy tozuda y acostumbra a derrotar con facilidad a los deseos ingenuos. Primero hay que asegurar el suministro de energía. ¿Hay posibilidad de hacerlo sin contar con el gas? Hoy por hoy está claro que no. El segundo es lograr un suministro que se haga en condiciones de precios asumibles por la ciudadanía para poder garantizar el nivel de bienestar que desea la población y, en tercer lugar, hay que ser conscientes de que el objetivo buscado por todos es reducir las emisiones y no cambiarlas de lugar. Los problemas se presentan muy sencillos cuando su resolución recae sobre otros y las responsabilidades son siempre ajenas.

Por eso, haría bien la representante de Greenpeace en consultar con sus colegas los verdes alemanes que forman parte importante del Gobierno de la República Federal. ¿Qué están haciendo allí? Reabrir, con la ayuda de potentes subvenciones públicas las antiguas centrales de carbón que se habían cerrado, cuando las alternativas de suministro eran más favorables. Comprar el gas a Rusia fue una solución cómoda en su momento, pero se ha convertido en una pesadilla de la que huyen despavoridos quienes se fiaron de ella.

No hay duda de que la transición energética es un bien a preservar y un objetivo a conseguir. La duda no se encuentra ahí. La duda aparece cuando cuantificamos el cuánto nos va a costar y el cómo vamos a distribuir los esfuerzos y los costes entre todos. La tentación de quienes carecen de responsabilidades es irresistible: ‘Que lo paguen las empresas, que ganan mucho dinero ya que los ciudadanos ya hemos sufrido bastante’. ¿Sencillo no? Pues sí, pero olvidan que las empresas son quienes emplean a los ciudadanos que trabajan en el sector privado y proveen de los fondos necesarios para pagar a quienes lo hacen en el sector público. Una cosa es pedirles que incrementen su esfuerzo, cosa que ya hacen y que deberíamos hacer todos, y otra es poner en peligro su actividad, de la que todos dependemos.

La Unión Europea ha empezado a debatir seriamente sobre la conveniencia -más bien la necesidad-, de mantener los objetivos, pero también de modular los plazos del proceso. Ha pasado mucho tiempo y han sucedido muchas cosas desde que empezamos a hablar de descarbonización. Tantas y tan importantes que, además de acudir a las juntas generales de las grandes energéticas a exponer ideas abstractas, sin implicarse en sus consecuencias, nos convendría replantearnos todo el proceso, a la luz de las nuevas circunstancias. Aunque solo sea para evitar la creación de más problemas de los que pretendemos evitar.