VICTORIA PREGO, EL MUNDO 12/04/13
· En una sola cosa tiene razón la señora Rigau, consejera de Enseñanza del Gobierno catalán: en que, al recurrir de nuevo el auto del Tribunal Superior de Justicia, está utilizando el ordenamiento jurídico al máximo de sus posibilidades y no rebelándose todavía contra él. Lo está estrujando porque la ley, ésa que ella quiere ignorar o aplicar a su antojo, se lo permite.
Es lo que tiene el Estado de Derecho, que ofrece al ciudadano unas posibilidades infinitas de defensa. Pero, eso sí, no le tolera que intente volar los cimientos de la legalidad.
Por eso se celebró ayer una reunión urgente con el propio presidente Mas, el consejero de Justicia y ella misma: porque ya es inminente que tengan que optar. O se pliegan y cumplen el mandato judicial o, por el contrario, declaran su insumisión y su voluntad de desobedecer a los tribunales. Dicho en corto, oficializan su decisión de pasarse la ley y las sentencias -o esta ley y estas sentencias, que es lo mismo- por el arco del triunfo.
Imposible que el Estado de Derecho pueda ceder ahí. Eso equivaldría al mismísimo hundimiento del sistema porque, rota la ley sin sanción una sola vez, roto el ordenamiento entero. Eso es lo que parece que ignoran -o desprecian- los dirigentes nacionalistas y, tras ellos, los colegios que están siguiendo sus consignas.
Pero si deciden, como es probable que decidan, desobedecer definitiva y abiertamente a los tribunales, intentarán buscar una salida meramente política, del tipo «la voluntat d’un poble», ésa que tan buenos resultados les ha dado durante décadas porque ha conseguido tradicionalmente acoquinar al poder central. Ese amilanamiento de años es el que ha hecho posible que el castellano haya sido expulsado de la enseñanza en Cataluña. No su uso corriente entre los ciudadanos, que eso es imposible, sino su presencia como lengua vehicular y en iguales condiciones que el catalán en los colegios de esa comunidad.
Nunca tendríamos que haber llegado hasta aquí porque esto que nos está pasando no pasa en ningún país del mundo civilizado. Pero es que llevamos décadas asistiendo en riguroso silencio, gobierno tras gobierno, al clamoroso y pertinaz retroceso de la aplicación en una parte de España de los derechos ciudadanos en materia lingüística y de enseñanza. Pero el hecho es que hasta aquí hemos llegado y que lo que suceda ahora será decisivo para saber qué nos espera. No en el uso de las lenguas, sino en el cumplimiento de la legalidad.
De momento, hemos tenido un aperitivo de bulla y escandalera. El número que montaron ayer en el Congreso los diputados de ERC responde al intento de hacer espectáculo con la confrontación. Veremos ahora por dónde sale la Generalitat. Porque el problema no es si a la señora Rigau le importa o no ser inhabilitada, sino que esa inhabilitación se aplicaría a su sucesor y, uno tras otro, a todo responsable que se negara a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. No es un problema personal lo que se dibuja en el horizonte. Es un conflicto mucho más hondo del que los insumisos sólo pueden salir de una manera: perdiendo.
VICTORIA PREGO, EL MUNDO 12/04/13