EL MUNDO – 22/04/15
· La investigación judicial sobre el caso del pequeño Nicolás sigue su curso. El juez instructor, Arturo Zamarriego, ha decidido citar a declarar a otros tres funcionarios de la Policía Nacional y de la Municipal de Madrid por su presunta implicación en la trama. Entre ellos, lo hará como imputado un alto mando de Antiterrorismo.
El alto mando policial imputado es el número dos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). El comisario Barrado deberá comparecer el próximo 22 de mayo para responder de sus gestiones sobre matrículas reservadas.
El juez quiere conocer los detalles por los que Nicolás tuvo acceso a la identidad de este tipo de matrículas, placas que correspondían a miembros de la Seguridad o de la Inteligencia del Estado. En concreto, según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, el magistrado instructor pretende averiguar cómo llegó a poder del investigado los datos sobre un vehículo que pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia.
La base de datos de matriculación de vehículos es accesible a todos los funcionarios policiales. Pero la de aquellos catalogados como «reservados» está mucho más limitada. El juez tratará de esclarecer si el dato de estos vehículos fue trasladado directamente por este mando policial a Nicolás o si se lo hizo llegar a intermediarios. En esta segunda hipótesis sitúa a los dos agentes de la Policía Municipal de Madrid, de los que se sospecha que tenían una relación directa con Nicolás.
Como explican fuentes policiales, la persona que tenía acceso a estas informaciones «reservadas» era el comisario. Los agentes de la Policía Municipal no tendrían acceso directo. Este comisario, cuando se produjo la filtración, estaba destinado en la Comisaría General de Policía Judicial como uno de los máximos responsables.
Ahora está encuadrado en el organigrama de la superestructura de análisis creada por el Ministerio del Interior para combatir el terrorismo y el crimen organizado, como su número dos. Este organismo es la consecuencia de la fusión del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (Cico) y del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), una apuesta de Interior concretada tras detectarse las fuertes conexiones entre el terrorismo islamista y las tramas de explotación de seres humanos y de narcotráfico. Con la finalidad de que la información no se «perdiera» se creó este organismo, que analiza y cruza datos obtenidos por todas las Fuerzas de Seguridad del Estado y por todos los servicios de inteligencia.
Por otra parte, el juez que instruye el caso Nicolás ha decidido que siga siendo la Unidad de Asuntos Internos la que siga pilotando todas las investigaciones. Su actuación fue cuestionada por el comisario José Villarejo, quien aparecía inicialmente citado en un informe de esta unidad, que posteriormente fue rectificado. Este comisario acusó públicamente a Asuntos Internos de haber manipulado pruebas en las investigaciones. El pasado lunes acudió a declarar ante el juez, en calidad de testigo, y fue preguntado sobre estas manipulaciones que puso sobre la mesa. En su declaración, el mando policial no aportó datos que corroboraran sus sospechas, pese a la insistencia del juez.
Además, el instructor sigue practicando gestiones sobre la grabación y manipulación de una conversación en la que participaban varios de los investigadores del caso, entre ellos el que hasta hace escasas fechas estaba al frente de ella, el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.