Tonia Etxarri-El Correo
Será porque siente demasiado cerca el marcaje de la Justicia por lo que Pedro Sánchez quiere desactivar la actuación de la acusación popular con una ley que deje caer el peso de la facultad acusatoria sobre la Fiscalía. Una institución cuya imagen, precisamente ahora, aparece seriamente dañada desde que su principal representante ha sido imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, por la presunta filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Álvaro García Ortiz deberá comparecer ante el juez porque el novio de Isabel Díaz Ayuso presentó una denuncia ejerciendo su derecho a la acusación particular, por considerarse directamente perjudicado. Pero, si se aprobara la ley desactivadora de la acción popular, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, por ejemplo, vería frenada su personación en la causa porque la nueva reforma que pretende imponer Pedro Sánchez busca, precisamente, eso: limitar la acusación de partidos políticos y asociaciones de jueces y fiscales para blindarse él y su entorno, judicialmente.
En realidad, la telaraña que ha ido envolviendo a Álvaro García Ortiz desde aquel revelador cruce de mensajes con los datos confidenciales y reservados del novio de Díaz Ayuso se le ha enmarañado. El Tribunal Supremo señala a «Presidencia» por revelar secretos del ciudadano González Amador y cita a declarar al fiscal general y dos colaboradores de su máxima confianza. El juez va avanzando con su bisturí, gracias a la investigación de la UCO. El mismo correo electrónico que tiene salida de la Fiscalía con destino a la Presidencia del Gobierno y de ahí al medio de comunicación ‘El Plural’. Vaya recorrido. Una operación para derribar a una rival política que deja en evidencia a la Fiscalía y a la Moncloa.
Desde aquellos ‘idus de marzo’, al fiscal general se le ha complicado su situación judicial, aunque Pedro Sánchez lo siga manteniendo en su puesto obviando su condición de imputado. Pero el presidente no pierde la esperanza con su nuevo juguete maléfico envuelto en una ley que pretende dejar a la justicia sin margen de acusaciones. Otra ley a la carta. ¿Qué entienden, los redactores de la reforma, cuando hablan despectivamente de los «recortes de prensa»? ¿Las reproducciones del ‘Washington Post’ que sirvieron para denunciar el escándalo del Watergate y que hizo dimitir al presidente Nixon no deberían haberse tenido en cuenta, en su opinión? Su iniciativa legislativa no ha tenido acogida ni siquiera en los colectivos de jueces progresistas.
El exfiscal general, Eligio Hernández, se muestra escandalizado: «Están desesperados (en la Moncloa) por controlar a los jueces». Adecuar las leyes al interés personal, ¿no es propio de comportamientos autoritarios? ¿Quién va a decidir que una acción judicial es excesiva, el Gobierno que ni ganó las elecciones ni tiene mayoría parlamentaria? Más preguntas: ¿El fiscal general imputado, por el Supremo nada menos, no debería dimitir? ¿Quién tiene que pedir perdón aquí?