Mas siguió adelante con sus planes y logró que el Parlamento de Cataluña aprobara en septiembre de 2104 una ley que ampararía la consulta. A partir de entonces, las autoridades autonómicas dejaron de hablar de referéndum y utilizaron sistemáticamente el término consulta. Coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad, el 27 de septiembre de 2014, Mas firmó el decreto de convocatoria. Las preguntas y la fecha eran las ya previstas un año atrás.
El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la consulta el 13 de octubre. Las autoridades autonómicas replicaron que su iniciativa seguía adelante bajo la forma de un proceso de participación. La pregunta y la fecha seguían siendo las mismas. Cinco días antes de la consulta, el 4 de noviembre, el Constitucional admitió un recurso del Gobierno del Estado contra las actuaciones de la Generalidad y suspendió cautelarmente el proceso de participación. La Generalidad, enterada, recurrió ante el Tribunal Supremo y de nuevo ante el Constitucional.
El 9 de noviembre, los ciudadanos catalanes pudieron responder en las urnas a las dos preguntas planteadas. A mediodía y después de votar, el propio Mas declaró solemnemente: «Si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable de abrir los colegios, que me mire a mí; el responsable soy yo y mi gobierno». Al finalizar el día, la vicepresidenta Ortega, que había ido dando cifras de participación, anunció que habían votado más de dos millones de personas y que el sí a la independencia había alcanzado el 81% de los votos.
LOS JUECES. Sobre el núcleo de estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó ayer sentencia. Su desoladora conclusión es que Mas desobedeció al Estado, pero que no queda probado que estuviera en su ánimo el hacerlo: «No puede descartarse [así lo dice la página 73 de la sentencia] un juicio interpretativo, en todo caso erróneo, que se represente la posible legalidad del proceso de participación ciudadana en los términos en que se produjo el de 9 de noviembre de 2014». La inmoralidad se expresa por lo general en términos tortuosos. Los jueces sostienen que la desobediencia no implica ánimo de delinquir y así, mientras castigan el delito de desobediencia (la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, dice la canción popular), absuelven del de prevaricación, lo que rebaja considerablemente la pena. No puede descartarse un juicio interpretativo que se represente la posible legalidad del proceso. No puede descartarse, han dicho tres jueces en su sano juicio, que Mas creyera estar actuando en plena legalidad.
Semejante bula interpretativa no puede desaprovecharla nadie. ¡Si sirve para la sentencia, cómo no va a servir para la crónica! Quizá los magistrados observen complacidos que la sentencia no ha gustado a nadie, salvo a estos dos inefables partidos que responden al nombre de Ciudadanos y Partido Popular de Cataluña, cuyos portavoces han dicho que el que la hace la paga, sin pararse a pensar qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha pagado. Pero no hay ninguna garantía de que en esa equidistancia judicial estén la verdad y la razón. Lo que está claramente en la equidistancia es el pacto, es decir, la política. Ya lo estuvo cuando ni siquiera llegó a juicio el delito de malversación, que suponía penas de cárcel. Es fama que los catalanes tienen desde Francesc Pujols los gastos pagados y que al nacionalismo todo le sale gratis.
En la fetal equidistancia de la sentencia está incorporado el Ministerio público. Ayer leí que la Fiscalía iba a estudiar si presentaba o no recurso. Me pareció humorístico. Especialmente si lo presenta. Tengo aquí mis notas del juicio. El fiscal Sánchez-Ulled en su informe final, e invocando el principio non bis in idem («no puede castigarse dos veces el mismo hecho»), vino a decir sobre el delito de prevaricación del que acusaba: «El Ministerio fiscal no se hace cuestión en este punto y se remite al criterio que adopte la Sala». Es sabido que el fiscal Ulled, de guardia el 9-N, no pudo identificar a los organizadores de aquel delito que sucedía ante sus ojos, incluso luego de que su principal promotor dijera retándole explícitamente: «El responsable soy yo». Y es sabido también que después de su inhibición le tocó exhibirse en el juicio. De modo que entra dentro de lo legítimo que recurra ante el Supremo y se haga cuestión en este punto. Ya tiene práctica en la torsión.
La sentencia no es más que el último episodio de la actitud grisácea, gaseosa, indolente, de bajo perfil y de baja gramática que el Estado ha aplicado al abierto desafío del Gobierno de Cataluña. Una actitud que, por otro lado, es la que mantuvo durante 40 años de negociación ininterrumpida con el siempre gaseoso catalanismo político. Pero que sigue manteniendo a pesar de que al otro lado ya no hay catalanismo político ni meandros, sino separatismo en línea recta. Mas hizo el 9 de noviembre de 2014 lo que el 25 de septiembre de 2012 dijo que iba a hacer. Y ayer, nada más conocerse su leve condena, no es que dijera sólo que no se arrepentía de nada y que lo volvería a hacer; es que llevaba una chapa en la solapa, chulapón, que decía: «Ho tornaria a fer». Debo traducírsela al magistrado Barrientos, por si se diera algún juicio interpretativo erróneo: «Lo volvería a hacer». Al fiscal prefiero traducírselo en mi latín: In bis, idem.
La sentencia desprende el aire contaminado del juicio político: cuando se sospecha que son los hechos los que han debido adaptarse a la sentencia y no a la inversa. Y supone un éxito notable para Mas y el resto de desleales. Obra el milagro de mantener viva la llama victimista al tiempo que demuestra hasta qué punto de eficacia ha llegado la intimidación nacionalista sobre el Estado democrático.