RESULTA intolerable que el lehendakari vasco y el presidente del PNV hayan utilizado la celebración del Aberri Eguna (día de la patria) para despreciar el Estado de derecho y hacer un alegato contra la actuación de los tribunales de justicia. En sintonía con los argumentos de los independentistas catalanes, Andoni Ortúzar afirmó que en España hay «gente en la cárcel por defender ideas políticas» y sostuvo que la «voluntad popular» debe estar «por encima» de los jueces, un discurso más propio de modelos políticos totalitarios felizmente superados. El acto del nacionalismo vasco no sólo sirvió para mostrar la solidaridad del PNV con el independentismo catalán, sino para chantajear al Gobierno, al tasar su apoyo a los Presupuestos a la retirada del artículo 155, una medida perfectamente constitucional que fue autorizada por las Cortes. Es cierto, que en un tono más conciliador (algo ya habitual en el reparto de papeles entre ambos líderes), Iñigo Urkullu instó a formar «un Gobierno estable y sólido» que «recupere el autogobierno» en Cataluña, pero no desaprovechó la ocasión para acusar a «España» de abordar la crisis «desde el estrecho margen de la acción judicial y penal».

Harían bien Urkullu y Ortúzar en mostrar el respeto institucional que merece la acción democrática del Estado para hacer frente al desafío independentista. Y de actuar con altura de miras y responsabilidad de Estado para facilitar que nuestro país pueda tener unos Presupuestos aprobados, tal y como demanda la mayoría de la sociedad española y nos exigen nuestros socios de la UE. El Gobierno se ha mostrado receptivo a las demandas de los nacionalistas vascos, que la semana pasada pudieron presumir de superávit gracias, en parte, a los casi 1.250 millones de euros recibidos de Hacienda por la actualización del Cupo. El nacionalismo no puede pretender disfrutar de impunidad en la defensa de sus legítimos intereses. En un Estado de derecho, el cumplimiento de la ley es un deber que incumbe por igual a todos los ciudadanos y muy en especial a quienes ostentan cargos de responsabilidad institucional y política.

Durante su intervención, Ortúzar se refirió también a la banda terrorista ETA, a la que pidió que «asumieran con claridad su trágico legado y la injusticia de sus actos», ahora que «están a punto de bajar definitivamente la persiana». Sin embargo, coincidiendo con la festividad nacionalista, ETA difundió un comunicado a través del diario Gara en el que no hacía referencia alguna a su posible disolución, y en el que sólo admitían la existencia de «un proceso de debate que está a punto de concluir». Lo único aceptable que pueden hacer los etarras que siguen en activo es anunciar su disolución definitiva, entregar las armas que aún conservan y ponerse a disposición de la Justicia para ayudar a esclarecer los casi 400 asesinatos de la banda que están pendientes de resolución.