EL GOBIERNO catalán no sólo no está dispuesto a dar marcha atrás, sino que ha dejado claro que no piensa demorar más su órdago al Estado. En un acto organizado en el Ayuntamiento de Madrid, en el que estuvo acompañado por Oriol Junqueras y Raül Romeva, Carles Puigdemont lanzó ayer un ultimátum al Gobierno al asegurar que «jamás» renunciará a celebrar un referéndum independentista y que, de no mediar un acuerdo con el Ejecutivo en las próximas semanas, tiene previsto consumar su amenaza en otoño.
El presidente de la Generalitat quiso escenificar una supuesta oferta de diálogo al Gobierno, al que exigió «sentido de Estado». En realidad, lo que hizo fue ratificar, en plena capital de España, la extraordinaria gravedad del desafío separatista. Manuela Carmena justificó el alquiler de un espacio municipal a las autoridades catalanes por la necesidad de tender puentes con el independentismo. Es una posición tan buenista como desacertada porque está claro que ni Puigdemont ni ERC se mueven en una lógica institucional que facilite la búsqueda de acuerdos. Su premisa de organizar un referéndum, que liquidaría la soberanía nacional, hace inviable cualquier acercamiento con el Gobierno. En consecuencia, actos como el de ayer –que contó con la presencia de Pablo Iglesias– sólo sirven para alimentar la retórica de los dirigentes separatistas, que necesitan seguir parapetados en el victimismo para justificar su deslealtad.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría instó el viernes a Puigdemont a ir al Congreso a defender un cambio constitucional para la celebración de una consulta. Aunque el Gobierno no concretó exactamente cómo sería el formato de esta comparencia, el president rechazó de inmediato este ofrecimiento. A estas alturas, es evidente que Junts pel Sí no aspira a una reforma constitucional que encauce una modificación del Estatuto, como en su día persiguió Ibarretxe en el País Vasco, sino que pretende imponer su hoja de ruta separatista, haya o no consulta.
La Ley de Transitoriedad Jurídica, cuyo borrador publicó ayer El País, confirma que el Gobierno catalán tiene previsto declarar la independencia por la vía de la unilateralidad si no hay referéndum. Hay que recordar que la mayoría independentista del Parlament ya impuso una reforma del reglamento que permitiría la aprobación exprés de este texto en trámite de lectura única.
La norma supone, de facto, la ruptura con el Estado, la liquidación del marco constitucional y la quiebra de los principios democráticos en Cataluña. El independentismo ha mantenido en secreto durante meses la redacción de este texto, que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la «república parlamentaria» de Cataluña. De hecho, la ley de ruptura operaría a modo de constitución catalana durante dos meses hasta la eventual proclamación del nuevo Estado.
Los portavoces de Junts pel Sí tacharon ayer de «desafasado» el borrador de la ley de desconexión que ha salido a la luz. En todo caso, en vista de su contenido, cabe concluir que abocaría a Cataluña a una inseguridad jurídica sin precedentes. En su articulado se da por hecho que una Cataluña independiente seguiría perteneciendo automáticamente a la Unión Europea –lo que contradice la legislación comunitaria–, que el paro o las pensiones estarían aseguradas y que todos los tributos pasarían a depender del Govern. Además, prevé poner la Justicia al servicio del Ejecutivo catalán –el presidente de la Generalitat elegiría al presidente del nuevo Supremo–, y la anulación o el sobreseimiento de los procesos penales contra investigados o condenados por la causa independentista, como Artur Mas o Francesc Homs. La ley también contempla que la Generalitat asuma los 29.000 funcionarios del Estado en Cataluña. Una hipótesis imposible porque, tal como advirtió el sindicato de funcionarios CSIF, un empleado público catalán que infrinja la Constitución se expone a perder su puesto de trabajo.
El secesionismo sabe que poner urnas sin el respaldo de la ley no sólo conduce a la frustración, sino que es impropio de democracias. De ahí que resulte ridícula la apelación de Puigdemont a la autodeterminación de Cataluña, un derecho que la ONU sólo contempla para las colonias y los territorios ocupados militarmente.
Rajoy calificó de «chantaje intolerable» la arquitectura jurídica diseñada por Puigdemont para materializar la independencia. El Estado debe contemplar todas las opciones que permite la ley para embridar una amenaza que Puigdemont dejó claro ayer que no piensa postergar.