LIBERTAD DIGITAL 04/04/15
JESÚS LAÍNZ
El gobierno ha aprobado el 27 de febrero la supresión inmediata de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes e instancias. La causa principal de esta decisión probablemente sea la rectificación de la medida de Gallardón que tan unánime oposición recibió tanto de los profesionales como de los justiciables. Pero, dados los antecedentes, ¿cabría la maliciosa duda de que quizá tenga también algo que ver con la proximidad de las elecciones? ¿Y las esperanzas fiscales sembradas días después por Rajoy entre unos autónomos a los que aduló como «la médula espinal de la economía española»? Por supuesto, todos los partidos, en Andalucía primero y en toda España a continuación, se han lanzado a prometer el paraíso en caso de su victoria en las urnas y a augurar el infierno en caso contrario. Al fin y al cabo es costumbre arraigada que este tipo de medidas y promesas destinadas a crearse simpatías entre los votantes vean la luz en oportuna coincidencia con procesos electorales.
Naturalmente, en todas partes cuecen habas. El ayuntamiento socialista de Zaragoza, por ejemplo, ha efectuado una desmesurada compra de asfalto para realizar una campaña de obras públicas concentradas en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas. El Partido Popular, como es lógico, se ha apresurado a denunciar lo que entiende una maniobra de «electoralismo descarado a costa de las arcas públicas».
Pero quizá el Partido Popular debiera ser cauto, pues en todas las ciudades de España sus respectivos regidores, de todos los partidos –hoy por hoy mayoritariamente del Partido Popular–, se apresuran a sacar pecho mediante obras e inauguraciones cuidadosamente calculadas para que coincidan con la campaña electoral. Santander, por ejemplo, parece estos días una galería de topos. La burla a los electores es evidente, pero en descargo de nuestros munícipes hay que reconocer que debe de ser efectiva, pues aquéllos no dejan de picar. Además, la técnica está más enraizada de lo que podría parecer en un principio, pues la Federación Española de Municipios organizó durante varias legislaturas –ignoramos si sigue haciéndolo– un curso titulado «Estrategias de fin de mandato» y dirigido a «miembros del gobierno, directivos y responsables de cuestiones de marketing y comunicación institucional» con el objeto de «proponer metodologías, ideas y experiencias para planificar un fin de mandato institucionalmente irreprochable y a la vez electoralmente eficaz».
Una de las lecciones más jugosas se titulaba «El electorado tiene poca memoria: un buen fin de mandato hace olvidar lo malo anterior, un mal fin de mandato borra todo lo bueno anterior», para lo que se enseñaba a los alumnos «Cómo planificar que inauguremos tres meses antes de las elecciones y no tres meses después: cómo organizar inauguraciones sorprendentes». Hasta había sitio para lecciones de enfoque caritativo: «Gestión interna del fin del mandato del gobierno: gestionar las carreras de los concejales salientes y de los concejales que seguirán».
No se cargue contra ningún partido en concreto: en este curso se han formado cargos municipales de todos los partidos sin excepción.