EL CORREO 11/11/14
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
Hace algo más de tres meses, el presidente de la Generalitat Artur Mas entregó al jefe del Gobierno español una lista con 23 demandas, la mayor parte de contenido económico, que Mariano Rajoy no rechazó y se comprometió a estudiar. Rajoy las pasó a los ministerios afectados para que cada uno emitiera su opinión respecto a la parte que le correspondía. Sobre aquellas peticiones podría haberse puesto en marcha una negociación, dando por supuesto que habría tiras y aflojas y que las posiciones de partida no podrían ser las de llegada.
Ahora, tras el 9-N, una votación hecha sin ningún respaldo legal, burlando la prohibición expresa de los tribunales, con un presidente de la Generalitat que la noche de las votaciones se presenta como responsable de todo el operativo después de haber estado jugando a esconder la mano para evitar una imputación directa, se hace difícil pensar que sea viable la negociación sólo sobre los 23 puntos del mes de julio. Artur Mas, independentista sobrevenido, y los que abogan por la ruptura con España se sienten reforzados por la participación conseguida en una consulta celebrada en abierta ilegalidad y solicitan que el Gobierno de España autorice una nueva votación pero esta vez dentro de la ley. Junqueras va aún más lejos y pide elecciones ya para proclamar la independencia de inmediato.
La participación en la votación fue importante y mostró la capacidad de movilización del independentismo catalán, pero no tanto como para que se ignore que dos tercios del teórico censo electoral no acudieron a las urnas. Los resultados no autorizan a Artur Mas a erigirse en portavoz de la mayoría de catalanes, una mayoría que ha permanecido en silencio y no ha atendido las invitaciones a acudir a las urnas. Los que invocan el referéndum de Quebec no pueden olvidar la exigencia establecida por la Ley de Claridad de Canadá de que haya una mayoría clara, lo que está lejos de conseguirse con la participación en las votaciones de un tercio del censo.
El presidente catalán gana fuerza con el 9-N, pero sobre todo de cara a ERC que le da su respaldo parlamentario y le estaba presionando para forzar el adelanto de unas elecciones que a Artur Mas, al que las encuestas hasta hace poco le vaticinaban otro descalabro, no le interesaba lo más mínimo.
El Gobierno español, ciertamente, tiene un serio problema con el auge del independentismo catalán. Además, la credibilidad del Ejecutivo ha quedado tocada ante amplios sectores por no haber impedido una consulta ilegal. El presidente ha recurrido a la justicia, tratando de compaginar esa oposición con una actuación de prudencia para no llegar a una situación en la que los policías fueran cerrando a la fuerza colegios electorales. La cautela de Rajoy no ha encontrado correspondencia por parte de la Generalitat lo que ha contribuido a que el presidente quedara más en evidencia.
Tras el 9-N es Artur Mas quien tiene que definir qué clase de negociación quiere con el Estado. Si acepta discutir una reforma constitucional podría encontrar algún punto de confluencia con los socialistas, pero si sólo acepta discutir la forma de canalizar la independencia cerraría el camino de la negociación antes de empezar.