Hay que recordar que durante los buenos tiempos de la regularización, el inmigrante sin papeles era detenido durante un plazo de 40 días en un centro de internamiento de donde salía con una orden de expulsión; que era, en la práctica, su carta de residencia. Es nuestro estilo. España vive sin vivir en sí en dos asuntos como la educación y la inmigración.
Decía ayer el ministro de Fomento en estas páginas algo que uno había sostenido hasta el momento, a saber: que la Ley de Bases de Régimen Local y la de Extranjería incurren en una incongruencia al obligar a los ayuntamientos a empadronar a los inmigrantes sin papeles, al mismo tiempo que decretan para ellos la expulsión.
A propósito de las palabras de Blanco, el lehendakari comentaba ayer: «Yo me quedo con que, por encima de todo, lo que hay que garantizar a todo ser humano es su condición de ciudadano, una condición que implica obligaciones y derechos». Es un paso más que nadie había contemplado: que la inscripción en el padrón lleve aparejada de forma automática la inclusión en el censo electoral.
¿Se puede considerar ciudadanos españoles (o europeos) a los inmigrantes de terceros países sin papeles? Ser titulares de derechos humanos no les hace acreedores de los derechos que el artículo 23 de la Constitución reserva para los ciudadanos. Esto sí que nos pondría en la vanguardia de las civilizaciones, acercándonos a la hipótesis que planteaba Bajo Ulloa en Airbag, tener un lehendakari negro y sin papeles. Lo que seguramente ha querido decir López es que a todo ser humano hay que garantizarle los derechos humanos, pero dicho así suena a tautología y no se ha dado cuenta de que, al considerarles ciudadanos, ha declarado innecesarios tantos esfuerzos y tanta regularización.
España vive sin vivir en sí en lo que respecta a dos asuntos de naturaleza tan distinta como la educación y la inmigración, pero unidas ambas por una indefinición que nos ha llevado a contar con cinco leyes educativas en los últimos 30 años, cuatro de ellas elaboradas por el PSOE y una, que no llegó a estrenarse, por el PP. La sobreabundancia de material legislativo es causa de que el Informe PISA nos coloque sistemáticamente en el furgón de cola de la educación europea.
Hace 10 años que el PP elaboró su primera Ley de Extranjería y en esta década ha sido enmendada cuatro veces, primero a iniciativa del PP y a partir de 2005, a la del PSOE. La última reforma fue aprobada definitivamente por el Congreso el 27 de noviembre con los votos del PSOE, CiU y CC, y entró en vigor el 12 de diciembre. Fue hace exactamente 40 días, sin que nadie entre quienes la votaron, se opusieron o prefirieron la abstención propusiera una sola enmienda para resolver la incongruencia que señalaba Blanco.
En realidad, la incongruencia es el alma española de esta ley, siempre atravesada por la contradicción entre la actitud «firme y exigente», pero a la vez «abierta», que anunciaba Zapatero en la materia. Fue el propio presidente el que calificó de «progresista» la dura directiva de retorno aprobada por la UE en junio de 2008. Es verdad que la última reforma proporciona a los inmigrantes mayores garantías ante el proceso sancionador, pero alarga de 40 a 60 días el plazo de internamiento y endurece el reagrupamiento familiar. ¿Incongruencia? Hay que recordar que durante los buenos tiempos de la regularización, el inmigrante sin papeles era detenido durante un plazo de 40 días en un centro de internamiento de donde salía con una orden de expulsión; que era, en la práctica, su carta de residencia. Es nuestro estilo.
Santiago González, EL MUNDO, 22/1/2010