ABC 10/03/16
EDITORIAL
· Mas, Puigdemont y Junqueras, además de demostrar mucho rencor y oportunismo, incurren en una sistemática perversión del uso de fondos públicos para fines secesionistas
CATALUÑA es indispensable en España y para España. Forma parte de un proyecto histórico común y cualquier intento de independizarse está abocado al fracaso, porque la inmensa mayoría de españoles, y una parte sustancial de la sociedad catalana, no quieren la ruptura. Hoy es una evidencia que Cataluña está en quiebra. Cuatro décadas después de arrancar la democracia, y con las secuelas corruptas del pujolismo, los despropósitos del tripartito con el que Rodríguez Zapatero y el PSC se entregaron a ERC y el nefasto desafío secesionista de Artur Mas, las cuentas de Cataluña están bajo mínimos. Una deuda inasumible que alcanza ya los 60.000 millones y un déficit público desbocado han sumido a Cataluña en un agujero político y económico caótico. Es natural que Oriol Junqueras trate de negociar con el Gobierno central un rescate añadido de más de 7.000 millones porque, de lo contrario, ni siquiera podría hacer frente a pagos esenciales, como las nóminas de los empleados públicos o la factura farmacéutica. Según algunas agencias de calificación, la deuda de Cataluña está en situación de «bono basura», lo que empieza a ser un serio problema para atraer inversiones o para pedir crédito. Y su nuevo presidente, Puigdemont, sigue negándose a dialogar con el presidente del Gobierno, con el peregrino argumento de que está en funciones. Las instituciones catalanas se dedican a cultivar una falacia tras otra para justificar su absoluta negligencia en la gestión de los recursos públicos.
Inyectar a Cataluña dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica puede denominarse eufemísticamente de muchas formas. Pero probablemente la más idónea sea hablar de un nuevo «rescate» que el resto de España está obligado a atender porque Cataluña forma parte indisoluble de nuestra nación. Nuestro país está regido por una Constitución basada en criterios de solidaridad entre autonomías, y la situación de esa comunidad exige un compromiso de todos para evitar un mayor hundimiento. Cosa distinta es la irresponsabilidad cuasidelictiva en que incurren sus autoridades cuando dedican los recursos del resto del Estado a financiar un fraude como la independencia. El despilfarro continuo de dinero público en proyectos identitarios y la manipulación indecente de la historia son inaceptables. Mas, Puigdemont y Junqueras, además de demostrar mucho rencor y oportunismo, caen en una sistemática perversión del uso de fondos públicos para fines independentistas que en nada beneficia a su comunidad. Los catalanes necesitan sosiego, sentido común y una gestión política eficaz, no argumentos mendaces para construir una ensoñación que, además, obliga a pedir dinero que debe pagar el resto de un país del que se quieren segregar