La probabilidad de absolución de los encausados en el ‘caso Ibarretxe’ no descalifica las decisiones de los jueces durante la instrucción. Hasta ahora han demostrado que los poderosos no están por encima de la ley, lo que puede ser la principal lección para el futuro: no hay impunidad para nadie y la independencia judicial es un hecho, incluso bajo la máxima presión.
La mayoría de los juristas que se han expresado en los medios de comunicación considera poco probable una condena del lehendakari Ibarretxe y de los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con dirigentes de Batasuna. Si estas interpretaciones legales que excluyen la existencia de delito, como sostiene la Fiscalía, las acaba haciendo suyas el tribunal, los tres dirigentes políticos podrían ser absueltos.
El hecho de que haya una alta posibilidad de absolución de los encausados no descalifica las decisiones tomadas por los jueces durante la fase de instrucción, incluido el acuerdo de celebrar la vista oral sin aceptar las peticiones de archivo. Los magistrados han considerado que los datos disponibles proporcionan indicios de delito y deben ser juzgados por un tribunal. En la fase de instrucción basta con indicios, pero para que haya condenas harán falta pruebas firmes. Es el procedimiento habitual.
Uno de los argumentos empleados para criticar a los jueces del Tribunal Superior ha sido la alegación de que el mero hecho de sentarse en el banquillo menoscaba la credibilidad social y la imagen pública de los acusados. Es este un argumento que sólo se emplea cuando los que se ven afectados por la acción judicial son personajes poderosos, bien de la política o de la economía. Nadie se acuerda de ese efecto cuando el que se sienta en el banquillo es un ciudadano rumano acusado de robar cables de cobre o un letrado imputado por supuesta estafa a sus clientes. Parece que la llamada ‘pena de banquillo’ sólo afecta a los personajes relevantes y no al ciudadano común.
Una de las virtudes que tiene la actuación del TSJPV en este caso es la independencia demostrada para hacer lo que creen que tienen que hacer de acuerdo con el derecho, a pesar de que con sus decisiones se han enfrentado con el poder político. Las presiones y descalificaciones que han sufrido los jueces han sido enormes y más lo van a ser si el tripartito sigue con sus planes de promover movilizaciones sociales de rechazo a la acción judicial, en claro contraste con la actuación de los socialistas que, de manera ejemplar, han preferido canalizar su desacuerdo por las vías jurídicas.
El desarrollo del ‘caso Ibarretxe’ hasta ahora demuestra que los poderosos no están por encima de la ley y que los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han sido capaces de mantener su independencia sin ceder a las presiones. Esta puede ser la principal lección de este procedimiento judicial para el futuro: poner en evidencia que no hay impunidad para nadie y que la independencia judicial es un hecho real, incluso en situaciones de máxima presión.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 13/11/2007