Campo podría haber citado a santo Tomás de Aquino, que consideraba los sentimientos como un ingrediente humano de segundo nivel e inferior a la inteligencia y la voluntad. Pero es de agradecer que el ministro haya intentado hacerse entender entre sus socios parlamentarios aterrizando la metáfora y dándoles la versión mascada del tomismo, que es la del sapo filósofo de La guerra de las galaxias.

A Campo le podría haber contestado Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados con las tesis del teólogo católico alemán Dietrich von Hildebrand, que pedía reconocer el lugar que «el corazón» ocupa en la persona, «de un rango igual al de la inteligencia y la voluntad». Por supuesto, en su versión papilla predigerida. Por ejemplo la de la Abuela Sauce de Pocahontas: «Escucha a tu corazón y comprenderás».

Si el Congreso de los Diputados ha de ser la nueva Disneylandia, sea.

A Campo, sin embargo, le han traicionado sus ansias de ocupar el lugar que ha dejado vacante en el Gobierno Pablo Iglesias, ese vicepresidente que fijaba el programa político de su partido tras atentos visionados del culebrón televisivo de princesas y dragones de moda. Porque el villano de La guerra de las galaxias (Darth Sidious) parece más bien diseñado para la España de 2021.

Veamos. Darth Sidious empieza su carrera política como parlamentario de segundo rango. Darth Sidious alcanza la presidencia mediante una moción de censura y acusando de corrupción a su rival a partir de pruebas tergiversadas. Darth Sidious confabula con separatistas para afianzarse en el poder. Darth Sidious aprovecha una crisis generada por él mismo para asumir poderes ejecutivos extraordinarios.

El resto de la historia (que corre en forma de meme por las redes sociales) es conocido. «Así muere la democracia, con un estruendoso aplauso» dice en La venganza de los Sith la senadora Padmé Amidala cuando Darth Sidious finiquita la república y la transforma en el Primer Imperio Galáctico entre la aclamación de los parlamentarios.

Donde pone Primer Imperio Galáctico lean ustedes Nación de Naciones Federal. Que en realidad sería confederal. Y ni siquiera eso porque la confederación exige lealtad a lo común y voluntad de unión entre las partes. Pero ese es tema para otra columna.

El problema de recurrir a frases de películas para justificar políticas de Estado de tanta trascendencia como el perdón a un grupo de golpistas contra la democracia no es ya el hecho de que el maniqueísmo de esos eslóganes sirva para justificar una cosa y su contraria, sino ese insulto a la inteligencia de los ciudadanos que comporta tratarlos como niños incapaces de comprender un razonamiento complejo si este no es primero simplificado hasta el esperpento por las manos de un guionista de Hollywood.

¿Porque qué tiene de racional pensar que la misma táctica que fracasó durante la Segunda República (y que contribuyó de forma clara a la Guerra Civil) y que volvió a fracasar con la Constitución del 78, eso que David Jiménez Torres llama «la premisa» en su libro 2017. La crisis que cambió España, surtirá efecto en 2021 como por arte de magia y por la simple fuerza de nuestros deseos?

La premisa es la de que España tiene un problema. Y eso es cierto.

Que ese problema ha brotado de forma espontánea por la fuerza telúrica de unas rocosas identidades ancestrales. Falso. El nacionalismo es una ideología sintética de apenas un siglo de historia generada, propulsada y alimentada por algo tan prosaico como el dinero.

Y que la solución a ese problema no consiste en interrumpir su fuente de energía, es decir el dinero, sino darle al nacionalismo todo lo que este pide con la esperanza de ahorrarnos un conflicto civil balcanizador. Estrepitosamente falso y, además, alentador de aquello que se pretende evitar.

En realidad, este debate es irrelevante. Porque la única opción racional en el sentido en que Juan Carlos Campo entiende la racionalidad es el cumplimiento de la ley. Y no por apego a una idea abstracta de la ley y el orden, sino porque la única alternativa racional al cumplimiento de las penas por delitos graves contra el orden constitucional es la arbitrariedad cesarista del gobernante que concede el perdón a aquellos, ¡precisamente!, de los que depende su permanencia en la presidencia del Gobierno.

Lo explica con una anécdota Teresa Giménez Barbat en su libro Mil días en Bruselas.

Cuenta Barbat que durante un encuentro con el exministro de Justicia socialista canario Juan Fernando López Aguilar este le dijo que frente al conflicto catalán había que ser «pragmático» y que la solución era un Estado «verdaderamente federal». «O sea, asimétrico» le respondió la eurodiputada. «No seas inocente» le contestó Aguilar. «Mira Canarias».

El problema, como decía David Mejía en su columna de la semana pasada, es que a Oriol Junqueras le importa más la independencia de Cataluña que al PSOE la existencia de España.

Que los socialistas canarios (y extremeños, manchegos, valencianos, aragoneses y baleares) ven más necesario el enriquecimiento de las elites nacionalistas catalanas que la prosperidad de su propia región.

Y que este Gobierno responde con citas de muñecos de goma a problemas de Estado como el de la respuesta adecuada a un golpe perpetrado por los mismos partidos nacionalistas que garantizan que la oposición parta siempre con un hándicap de un 25% aproximado de los votos en todas las elecciones generales.

Bien visto, los indultos sí son racionales. Para el PSOE.