INDULTO ELECTORAL

EN el análisis de las elecciones del domingo resulta imposible ocultar un dato, o más bien un hecho, bastante antipático, y es que los españoles, por unas razones o por otras, hemos amnistiado políticamente el golpe del separatismo catalán contra el Estado. Y no sólo porque haya ganado el presidente que, preguntado de forma explícita por el indulto, se negó repetidas veces a descartarlo, sino porque en conjunto han vencido las fuerzas partidarias de entenderse con los sublevados, que sumadas a los propios independentistas –incluso sin contar entre ellos al ambiguo nacionalismo vasco– han logrado reunir más votos y más escaños que los partidarios de aplicar medidas de fortalecimiento constitucional en Cataluña durante un plazo dilatado. El 28-A era la primera ocasión en que la totalidad de los ciudadanos podía sancionar, con absolución o catarsis, la revuelta de octubre y la moción de censura que salió adelante con el concurso del soberanismo republicano. Y el veredicto ha sido de indulgencia: ante lo que pueda suceder en adelante conviene tenerlo claro. En su momento, el Gobierno de Rajoy paró in extremis el golpe pero no desarticuló su trama, que continúa prácticamente intacta. El artículo 155 fue aplicado por tiempo escaso, con mínima convicción y en su forma más laxa. Sólo la justicia se tomó su función en serio, resistiendo incluso las posteriores maniobras de entorpecimiento con que Pedro Sánchez intentó rebajar las acusaciones tras acceder al Gobierno. Ante la ausencia de una intervención política tajante que desmantelase sus estructuras organizativas, el separatismo se reagrupó en torno a una televisión de cabecera que divulga de forma implacable doctrinas supremacistas, y en las siguientes elecciones autonómicas logró articular una mayoría. Sus diputados en el Congreso propiciaron el vuelco de poder en España con una intervención decisiva, y el nuevo Gabinete correspondió al gesto ofreciendo diálogo y reconciliación con la mano tendida. Ayer mismo, la candidatura del prófugo Puigdemont al Parlamento Europeo obtuvo el insólito respaldo de la Fiscalía. No existe en el bloque de secesión el mínimo arrepentimiento, sino expresa voluntad de persistencia en su deriva rupturista. Y visto lo visto, tampoco tiene ninguna razón objetiva para desistir de una aspiración de cisma que no parece incomodar a la nación contra la que va dirigida. Debe de tratarse de un caso único: un alzamiento contra la Constitución que, sin triunfar en teoría, acaba provocando un encogimiento de los constitucionalistas.