EL MUNDO – 23/05/16 – EDITORIAL
· En un Estado fallido y en imparable deriva autoritaria como por desgracia se ha convertido Venezuela, la separación de poderes es pura quimera. Ése es uno de los mayores obstáculos que impiden a la oposición impulsar una transición reformista pese a su rotunda victoria en las elecciones legislativas. El Gobierno chavista se ha parapetado gracias a que controla los principales resortes del poder, incluidos el militar y el judicial. De hecho, Maduro interpreta la Constitución a su antojo y ha impuesto el estado de excepción y emergencia, a la vez que decreta toda clase de normas para ningunear al Parlamento, porque cuenta con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, con una mayoría de magistrados conocidos por su adscripción al régimen –sólo en Navidades, el chavismo nombró a 13 nuevos jueces como escudo protector tras el triunfo opositor en las urnas–.
Pues bien, como hoy publicamos, la actual presidenta del TSJ venezolano, Gladys María Gutiérrez Alvarado, además de ser una ardorosa defensora de la revolución bolivariana, tiene viejos nexos con algunos destacados miembros de Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias. En concreto, Gutiérrez –que entre 2003 y 2005 fue embajadora en nuestro país– aprobó su tesis doctoral en 2011 en la Universidad de Zaragoza, con una investigación dirigida por un profesor que hoy forma parte del Consejo Ciudadano de Podemos en Aragón.
En el tribunal también hubo dos personas vinculadas al partido, uno tan destacado como Juan Carlos Monedero. Se da la circunstancia de que poseer un doctorado –o título equivalente– es un requisito imprescindible en Venezuela para poder ser miembro de su Alto Tribunal. Gutiérrez fue nombrada presidenta de este organismo en 2013. Su elección acarreó enormes críticas porque difícilmente podía encarnar la neutralidad que exige el cargo tras muchos años de destacado activismo prochavista.
Al margen de la calidad de la tesis presentada por Gutiérrez, que desconocemos, es éste otro ejemplo más de los vínculos tan estrechos y abundantes que unen a los actuales líderes de Podemos con los prebostes del régimen chavista. Algo que echa por tierra los intentos de Pablo Iglesias y los suyos de tratar de marcar ciertas distancias con Caracas, como hacen últimamente.
Recordemos que en los años en que la hoy presidenta del Supremo venezolano estaría dedicada a su tesis, el régimen de Hugo Chávez pagó al menos entre cuatro y seis millones de euros a la Fundación CEPS –embrión intelectual de Podemos– por diferentes trabajos de asesoría y consultoría. Monedero, sin ir más lejos, tuvo que acabar dimitiendo de su puesto de responsabilidad en el partido el año pasado tras el escándalo de Hacienda al saberse que no había declarado un ingreso personal de 425.150 euros procedentes del Gobierno bolivariano.
Y no fue el único caso cuando menos antiestético. Luis Alegre, uno de los líderes de Podemos en Madrid, fue premiado con 150.000 euros por Maduro por un panegírico sobre el pensamiento político de Chávez. La oposición venezolana, además, ha denunciado hasta fechas recientes que la Fundación CEPS habría seguido cobrando de Venezuela al menos hasta 2015, cuando el país ya estaba en bancarrota y el desabastecimiento general y las colas se han adueñado del paisanaje. Éstas relaciones tan peligrosas son, desde luego, una pesada hipoteca para un partido que hoy aspira a gobernar España.
EL MUNDO – 23/05/16 – EDITORIAL