Resulta descorazonador llenar el depósito del coche y comprobar cuánto más nos ha costado desde el repostaje de la semana anterior; o recordar lo que pagamos por reponer los huecos de la nevera hace unos días y ver lo que nos han cobrado hoy comprando lo mismo; o asistir al despegue del euríbor y ser conscientes de que ese 1% que ya ha superado lo añoraremos no tardando mucho, porque no deja de subir. 

No, no es culpa de Pedro Sánchez. Inflación disparada (8,7% en España en mayo) hay en toda Europa y en Estados Unidos. Sánchez no es el responsable del coronavirus ni de que Putin invadiera Ucrania. Lo que sí es achacable a este Gobierno, igual que a todos, es la gestión de esos problemas. Gestionar la bonanza es relativamente sencillo. Gestionar una crisis es complejo, especialmente si la deuda pública es de tantos dígitos que no cabe en este artículo, y se anuncia el aumento de los tipos de interés, precisamente para frenar la inflación. Este será el examen final del Gobierno.

A mediados de 2020, cuando la pandemia había provocado una caída de nuestro producto interior bruto nunca vista en tiempo de paz, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea concedieron un cierto margen de maniobra en el gasto. Esa inicial generosidad fue traducida por el autodenominado «Gobierno más progresista de la historia» como una orden de «gasten, gasten, gasten» (es textual). Era su momento. Barra libre. ‘Happy hour’. 

Con el paso de los meses, los fondos de recuperación europeos hicieron soñar a PSOE y Podemos: regarían España con esa manguera de dinero (de otros), lo que podría asegurar la estancia en el poder de ambos partidos a un plazo tan largo como la magnitud de nuestra deuda. Nadie quiso atender a la letra pequeña del mensaje que llegaba desde las instituciones económicas internacionales: siempre sobrevoló la advertencia de que España, con mayor o menor premura, tendría que realizar ajustes. Y, ahora, cuando se acerca el momento de que esa orden se sustancie ‘manu militari’, las cuentas no cuadran y tenemos precios desmedidos, lo que afecta de forma dramática a las clases más necesitadas: el electorado-tipo de la izquierda, al que difícilmente le subirán el sueldo tanto como la inflación. Según el INE, el 20% más rico de la población ha elevado sus ingresos un punto, mientras que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza aumenta dos puntos. Los ricos son más ricos, y ahora hay más pobres. Ocurre bajo el Gobierno más a la izquierda desde la Segunda República.

Sin saber qué método racional aplicar ante esta situación, Moncloa ha puesto su esperanza en la brujería: conjuros que, abracadabra, harán bajar la factura de la luz mediante la drástica fórmula de poner un tope al gas. Y, así, forzando un freno al precio de la energía, un sublime círculo virtuoso provocará la caída en cascada de todos los precios, para beneficio exclusivo de españoles y portugueses, la ‘excepción ibérica’ concedida a regañadientes por Bruselas. En los primeros días, la factura no ha bajado un 40% —como se nos aseguró al principio—, ni un 30% —como se ofrendó después—, ni un 20% —como se matizó a continuación—, ni un 15% —como se estableció cuando la dura realidad empezaba a manifestarse ante nuestros ojos—. Que suba la energía no es responsabilidad del Gobierno. El exceso de propaganda sí, porque no se deben prometer remedios milagrosos. Confiemos en que pasada la ola de calor el tope empiece a funcionar. Mientras, el precio de la gasolina ya ha superado los 20 céntimos por litro que se nos da cada vez que repostamos. 

«Mucho dinero para gastar en poco tiempo»

Esta semana, la ministra portavoz se reunía con un grupo de mujeres rurales para relamerse porque «tenemos mucho dinero para gastar en poco tiempo». Pero no es una inconveniencia extravagante empezar a pensar en la rebaja que pronto podría comunicarnos el tío Paco europeo. Porque llegará el día en el que el entusiástico “gasten, gasten, gasten” se trasmutará en un implacable «ajusten, ajusten, ajusten». El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, advierte: «Hay que concentrarse en la política fiscal, en políticas prudentes, sobre todo aquellos países que tienen una deuda elevada». «Poned vuestras cuentas en orden», exige el ministro de Finanzas austriaco, Magnus Brunner. 

En su libro ‘El dilema’, José Luis Rodríguez Zapatero recuerda el portazo que le dio la realidad (Bruselas) en 2010, cuando la crisis financiera atropelló el ‘optimismo antropológico’ que le gustaba transmitir: «El Gobierno que más había elevado el gasto social en menor tiempo se veía abocado a dar un frenazo a la política de la que más orgulloso se sentía: el fortalecimiento del estado del bienestar». Ese gasto disparado desembocó en la congelación de las pensiones, la bajada del sueldo de los funcionarios, el recorte del presupuesto de dependencia, la eliminación del cheque bebé y otras medidas de ajuste. Porque nada es gratis. El coste económico para los ciudadanos es enorme. Y el coste político para los gobiernos, también. Zapatero lo sabe.