Cuando se pierde la memoria del pasado, la tentación de cometer los mismos errores en política económica es muy fuerte, tal como estamos viendo ahora con las propuestas de Podemos con respecto al control de los precios de los alimentos. Al comenzar la década de 1970 la inflación, medida por el IPC, estaba en el 5,7 por ciento y seis años más tarde había crecido hasta el 19,8. Entretanto, el intervencionismo administrativo sobre los precios se impuso, hasta el punto de que, en ese período, llegaron a estar regulados hasta 174 grupos de productos que englobaban casi el 45 por ciento de la ponderación del índice de precios al consumo. España no estaba sola en esa actuación, pues la histeria controladora se extendió por una buena parte del mundo desarrollado. No sirvió para nada, pues como acabamos de ver la tasa de variación de los precios se triplicó sobradamente. Y este fracaso condujo a emprender el camino de vuelta, de manera que buena parte de los precios se liberalizaron. En 1980 la ponderación intervenida del IPC había caído al 21 por ciento y diez años después bajó a poco más del 11 por ciento. Esa desregulación estuvo acompañada por una gradual caída de la tasa de inflación, de manera que, en 1990, se situó en el 6,7 por ciento; y en 1996, cuando la política económica hacía esfuerzos para converger con Europa y entrar en la Zona Euro, era de sólo el 3,6 por ciento. La libertad de mercado había triunfado y, con ella, la mejora del bienestar se hizo patente.

El corolario de esta historia es sencillo. En condiciones normales, intervenir los precios alimenta la inflación y es mejor dejar que los mercados se ajusten bajo la presión de la competencia, aunque el proceso correspondiente requiera de unos cuantos años. Sólo unas circunstancias extraordinarias, como las derivadas de una guerra, podrían justificar esos controles, que en todo caso debieran estar acompañados de medidas de racionamiento. Ello no evitará la aparición de mercados negros dominados por el estraperlo, pero sostendrá un cierto nivel de equidad en cuanto a la distribución de la carga bélica sobre el bienestar ciudadano. Pero este no es el caso. Podemos se equivoca gravemente.