La Fundación BBVA acaba de publicar en su último informe sobre el stock de capital en España que, en los tres últimos lustros, el Estado ha sido incapaz de recuperar los niveles de inversión pública que precedieron a la crisis financiera a partir de 2008. Las consecuencias son evidentes: obras hidráulicas no realizadas que han imposibilitado el control de las riadas; ferrocarriles que se paran día sí, día no; autovías en las que la DGT advierte a los usuarios del mal estado del firme; e incidencias en puertos y aeropuertos. El mal estado de las infraestructuras es manifiesto y afecta gravemente al buen funcionamiento de la economía. Y harían falta no menos de 10.000 millones adicionales de inversión durante varios años para volver a la senda de la eficiencia. Lo malo es que llueve sobre mojado porque una cifra similar se requiere inmediatamente para dar cumplimiento en España a los compromisos de gasto de la OTAN en materia de rearme. Pero el caso es que el gobierno de Sánchez no sabe de dónde sacar esos recursos sin afectar al gasto público de consumo, lastrado por el llamado «escudo social», que no sólo se quiere mantener, sino ampliar. Está claro que la capacidad de gasto no da para la inversión en infraestructuras y cañones si se sigue inundando la sociedad de mantequilla.

Lo que esto refleja son unas prioridades en el gobierno que sólo se explican porque éste encuentra el fundamento de su permanencia en el apoyo del lumpenproletariado. O sea, en esa «sociedad de beneficencia, informe, difusa y errante, cuyos componentes sienten la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora», tal como lo definió Karl Marx en su «18 Brumario». Una masa que, según teorizó, constituye el fundamento popular del régimen de excepción como forma de gobierno. Visto en la España actual, es evidente que Sánchez, con esa base, se ha lanzado por la senda de excepción, tratando de configurar un régimen ajeno a la representación electoral, que elude el control parlamentario y que, en materia financiera, lo fía todo al manejo irregular de los créditos presupuestarios y a la contabilidad creativa, poniendo en cuestión la estabilidad del país. Por ello, habrá que poner freno a esa deriva iliberal.