Se trata, además, de un asunto que nos es común con el resto de los países de la UE y que ha sido objeto de la atención de sus órganos decisorios. Sin entrar en el examen pormenorizado del decreto, sí es preciso hacer algunas observaciones sobre la forma como se ha afrontado este asunto por el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo respalda, lo que tiene su plasmación en el extenso texto, así como sobre las reacciones de las fuerzas de la oposición.

Por lo que se refiere al instrumento jurídico empleado para hacer efectivas las medidas, hay que decir que en esta ocasión la utilización del decreto-ley tiene plena justificación. Interesa hacer esta puntualización inicial, ya que todos los ejecutivos han recurrido de forma reiterada al uso instrumental del decreto-ley sin que en la mayoría de los casos se diese la «extraordinaria y urgente necesidad» exigida por la Constitución para hacerlo. Y ello ha ocurrido -todo hay que decirlo- con la cobertura prestada por el Tribunal Constitucional, que ha venido a sostener que bastaba con que el Gobierno de turno estimase que había urgencia para aprobar una norma para dar por bueno el recurso a esta herramienta.

Dicho esto, no basta con que haya una situación extraordinaria y urgente, como la que sí se da realmente en estos momentos en relación con la energía. En este sentido, lo primero que cabe exigir a esta norma, como a todas, es que se ciña al objeto que la justifica. En este caso, las medidas de ahorro energético, a las que se reserva un lugar muy reducido en el muy extenso texto -83 páginas del BOE, 33 dedicadas a la exposición de motivos- del decreto-ley, que regula profusamente otras materias cuya relación con el objeto central de la norma es más que dudosa en muchos casos y que, por tanto, tienen difícil encaje en una cuya justificación reside precisamente en la urgencia de su aplicación.

Hay otro factor a tener en cuenta, al que no está nada claro que se le haya prestado la atención debida y que puede dar lugar a problemas que podían haberse evitado, como es la extralimitación competencial del decreto-ley en relación con las comunidades autónomas. No basta con invocar las disposiciones constitucionales (artículo 149.1) que legitiman al Gobierno y al Congreso para su regulación, lo que no resulta objetable. Además, es preciso no olvidar que estamos en un Estado autonómico, en el que hay una distribución de competencias con las comunidades y que la efectividad de las medidas que se adopten depende en buena medida de la cooperación con éstas, cuya intervención no puede reducirse a ser meras ejecutoras de las decisiones adoptadas por el Gobierno central.

Aunque no sea ninguna novedad, resulta obligado, por último, hacer una referencia a la actitud de la oposición, que antes incluso de su publicación en el BOE ya había anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es una conducta habitual que viene manteniendo de forma sistemática desde hace tiempo -catorce del PP en los tres últimos años, además de los más numerosos de Vox-, trasladando así a los órganos judiciales -en este caso, a la máxima instancia en materia de garantías constitucionales- los conflictos políticos con el Gobierno. Si bien no es previsible que este recurso tenga mucho recorrido jurídico (quizá en algún aspecto relativo a la distribución competencial, aunque no afecte al núcleo esencial de las medidas), ello no impide la consecución del efecto político, que es el objetivo, asociado al hecho de la mera presentación del recurso ante el Constitucional.

Para empezar el curso no está mal. Ya tenemos asegurada una sesión parlamentaria movida -además del decreto-ley sobre el ahorro energético hay que convalidar otros dos más y ratificar la aprobación de tres leyes- que puede proporcionarnos pistas útiles sobre cómo va a transcurrir el curso que ahora comienza, el último de la actual legislatura. Y, sobre todo, nos va a permitir conocer cuál va a ser la posición de las formaciones políticas, tanto las que integran la problemática mayoría parlamentaria actual como, asimismo, las de una oposición que, además de definir sus posiciones más allá del ‘no al sanchismo’, debe despejar dudas sobre cuáles van a ser las relaciones entre las fuerzas que la integran en el caso de alcanzar una mayoría parlamentaria que les permita formar gobierno. Este inicio de curso brinda una buena ocasión para aclarar estas cuestiones.