Tonia Etxarri-El Correo
Una vez conocido el desmentido del ministro Bolaños sobre la maniobra para desprestigiar a la UCO por parte del PSOE, y del desvío del balón de la portavoz de su partido, Esther Peña, negando la vinculación, por nómina, de las personas que aparecen en la grabación, el foco se sitúa en el centro del campo. Aquí alguien -con nombre y apellidos como Leire Díez- ha querido poner trabas a las pesquisas judiciales sobre casos de presunta corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Maniobras para desprestigiar a la UCO. Pero La Moncloa no ha sido y Ferraz, tampoco. Eso dicen. Pero esa reunión por videoconferencia que desveló ‘El Confidencial’, con la socialista, el empresario vasco Alejandro Hamlyn, presidente del grupo Hafesa salpicado por el fraude del IVA, su abogado y cuatro personas más, deja al descubierto la puesta en marcha de una conjura para ver cómo le paraban los pies al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas. El encargado de las investigaciones sobre la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y el ‘caso Koldo-Ábalos’, entre otros. Una reunión que no es un invento de la inteligencia artificial.
En esa conjura, nadie habló en nombre del PSOE, como quiso subrayar ayer la portavoz Peña. Cierto. Pero, como Leire Díez es «una militante», tal como la definió en su día el propio Santos Cerdán, la pregunta que hay que hacerse es si ella acaso actuaba por su cuenta en su afán entorpecedor de la labor de la Justicia o seguía órdenes. Sea como fuere, el caso es que una ‘mano negra’ ha querido intimidar a quienes investigan, por orden judicial, posibles delitos de corruptelas en el entorno de Sánchez. Mientras se averigua quiénes estaban detrás de toda esta fontanería tan cutre, prevalece el quid de la cuestión: la injerencia en la Justicia para torpedear las investigaciones de los servidores del Estado. A esa mano no le parecía suficiente que se reforme la ley para que los futuros jueces puedan colarse a dedo y sin oposición. Necesita resultados a corto plazo que eviten que imputados y procesados cercanos al presidente del Gobierno terminen sentados en el banquillo. Esa mano… Todo muy chusco. Y muy grave. Unas prácticas muy alejadas de un Estado de Derecho que pretenden anular los contrapesos democráticos.
Hemos pasado de las ganas con las que se quedó la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de añadir «un poquito de cianuro» a la nota informativa contra el novio de Isabel Diaz Ayuso a la «camorra», calificativo que le puso la socialista a la UCO. El PP piensa citarla en el Senado. A la mano, no; a Leire Díez. La persona que buscaba cómo parar los pies a los investigadores de la Policía judicial.
Y un apurado Bolaños dice que se reservan acciones legales. ¿Contra quién? ¿Contra los autores de la información? ¿Contra su militante sin nómina por su exceso de celo? La ‘pillada’ ha llegado a decir que, en el momento de la reunión, ella estaba ejerciendo de periodista de investigación. Que su afán por desprestigiar a la UCO se debía a un reportaje. Qué descaro. Lo peor de todo es que, además de tomarnos por tontos, nos insulte a los periodistas.