Estos datos evidencian las diversas facetas del fenómeno migratorio. Necesario en una sociedad envejecida que, a pesar de los altos niveles de paro, no cubre la oferta de puestos de trabajo. Una sociedad, al mismo tiempo, que ha demostrado ser capaz de acoger y que se beneficia del emparentamiento cultural y lingüístico con el elemento iberoamericano, pero que también atraviesa crisis migratorias que generan tensión y alientan los discursos oportunistas del populismo.

Como el fenómeno de la inmigración no va a desaparecer, sino más bien lo contrario, lo que más importa es la capacidad de la que dispongamos para hacer frente a este desafío. Eso no significa solo poner medios que impidan la entrada sin más. Los Estados tienen el deber y el derecho de controlar sus fronteras, de establecer las condiciones en las que la estancia de un extranjero es legal, así como la obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir que la ilegalidad se instale en un segmento creciente de población, entre otras razones porque la ilegalidad nunca beneficia al migrante, sino a las mafias que trafican con seres humanos y a quienes los explotan en la clandestinidad.

Hay que afianzar la capacidad de los Estados para controlar sus fronteras de modo que entren y residan quienes tengan condiciones para hacerlo y voluntad de integrarse en una sociedad abierta, plural y democrática. Pero esa decisión exige mecanismos, recursos y medios para que ese control sea efectivo y redunde en una inmigración que tiene que ser legal, ordenada y vinculada a la integración laboral del inmigrante.

Insisto, resulta verdaderamente asombrosa la carencia de medios materiales y humanos para hacer frente a esta responsabilidad. Centros de recepción y estancia, personal especializado, información y capacidad de identificación, despliegue diplomático en los países de origen y tránsito, procedimientos para facilitar la entrada legal a través de la contratación laboral, atención específica a los menores no acompañados, instituciones de integración y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil.

A estas carencias viene a responder el pacto sobre inmigración y asilo alcanzado en la Unión Europea, que a través de cinco reglamentos busca dar una respuesta integral y unitaria al desafío común de la inmigración. A finales de este año los Estados miembros deberán presentar sus respectivos planes nacionales para la aplicación del pacto. Tendrán que comprometer recursos, crear las instalaciones e infraestructura para la recepción, establecer los procedimientos de identificación.

Los próximos dos años van a ser determinantes para comprobar si, en efecto, la Unión Europea es capaz de ofrecer esa respuesta conjunta y estructurada tanto desde el punto de vista legal como operativo. En su discurso de presentación ante el Parlamento Europeo para su nuevo mandato al frente de la Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen anunció un incremento sustancial de los efectivos de Frontex, la agencia europea de control de fronteras que tiene la responsabilidad de cooperar con los Estados para este objetivo. Habrá también financiación comunitaria y compromisos explícitos de cooperación ante la instrumentalización de la inmigración por parte de terceros Estados para provocar crisis como ocurrió con Marruecos en Ceuta y Melilla, con Bielorrusia en la frontera polaca y como está ocurriendo ahora con Rusia y su intento de desestabilización de la frontera finlandesa provocando la entrada en Finlandia de inmigrantes yemeníes.

Ahora que Pedro Sánchez viaja a Mauritania -a la que la Unión Europea apoya con abundante financiación- habrá que revisar qué es lo que funciona y qué hay que cambiar para que el dinero que se entrega sirva para resolver el problema, no para financiarlo.