EL CORREO 23/02/14
· El lehendakari, que ha avalado directamente a la CIV, teme que la «incomprensible» intervención de la Audiencia Nacional obstaculice su labor.
La decisión de la Audiencia Nacional de citar a declarar como testigos a los seis integrantes de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) encargada de supervisar el desarme de ETA ha caído como un jarro de agua fría en el círculo más próximo al lehendakari Urkullu, quien ha avalado personalmente la labor del grupo de expertos internacionales al considerarla «fiable y segura». La orden firmada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha encendido todas las alarmas en Ajuria Enea, donde se teme que, si la situación judicial de los integrantes de la CIV se complica, su papel en el final definitivo de ETA podría verse no anulado, pero sí seriamente entorpecido.
«Esto dificulta muchísimo las cosas», admiten fuentes cercanas a Urkullu, que no ocultan su perplejidad y su inquietud por una «persecución incomprensible», en palabras del secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. Esta circunstancia podría llegar a comprometer un proceso en el que el jefe del Ejecutivo vasco ha empeñado su crédito por su «plena confianza» en Manikkalingam y que en absoluto esperaban. «Es incomprensible porque los integrantes de la CIV buscan el desarme completo, unilateral e incondicional de ETA y porque su compromiso ético y su experiencia y prestigio internacional están fuera de toda duda», ahondó Fernández.
De hecho, los propios verificadores, que han mediado en un buen número de conflictos internacionales sin haber visto hasta ahora judicializada su labor –cierto es que en la mayoría de ellos contaban con la complicidad de los Estados–, confiaban en la posibilidad de desarrollarla también en esta ocasión sin demasiadas trabas, pese a ser muy conscientes del terreno resbaladizo que pisaban al acceder a ser grabados en vídeo junto a dos terroristas encapuchados y un pequeño arsenal. No obstante, los supervisores habían llegado a la convicción de que el Gobierno central, en otras ocasiones frontalmente crítico con su tarea de verificación, había optado por mantener una prudente distancia y «dejarles hacer», según las fuentes consultadas por este periódico. No en vano, Manikkalingam y sus colaboradores estaban persuadidos de que las Fuerzas de Seguridad del Estado controlaban sus movimientos y los de la propia banda terrorista y que, de haber querido abortar el encuentro que mantuvieron en enero con dos miembros de ETA en un lugar indeterminado, hubuieran podido hacerlo.
Las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en vísperas de la comparecencia de la CIV en el Carlton –que, en un encuentro con su homólogo francés, Manuel Valls, consideró «positiva» cualquier entrega de armamento– habían sido interpretadas también por Urkullu y sus principales interlocutores –Manikkalingam, el exjefe de Gabinete de Tony Blair Jonathan Powell y la izquierda abertzale– como un tímido punto de inflexión respecto al habitual mensaje de firmeza sin matices.
Si bien el desdén de Fernández Díaz ante el sellado de zulos también podía traducirse como un guiño a las víctimas y a los sectores más duros del PP, las reacciones del Ejecutivo y los populares al movimiento de ETA –muy críticas pero no especialmente hostiles hacia la comisión de expertos y su papel– se habían leído en el entorno de Urkullu como una manera de evitar poner el foco sobre la CIV. Es más, incluso el líder del EBB, Andoni Ortuzar, se inclinó ayer por la hipótesis de que el propio discurso inflexible del Gobierno central forme parte de un gran ejercicio de «teatralidad y escenificación»,
Pero esas tesis quedaron en entredicho ayer –o, al menos, en suspenso hasta hoy, cuando se sabrá si la citación se agota en sí misma o si el juez Moreno decide llamar de nuevo a los testigos a declarar o, incluso, imputarles– cuando los verificadores comenzaron a recibir entre las dos y las tres de la tarde las notificaciones del juzgado de manos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza.
La Fiscalía se mostró favorable el viernes a estimar una demanda interpuesta por Covite para que los expertos fueran interrogados por el juez sobre la identidad de los etarras y el paradero de las armas. El juez Moreno avaló ayer la petición de las víctimas. La visita de los agentes sorprendió a Manikkalingam y al sudafricano Ronnie Kasrils en el aeropuerto de Loiu, a punto de viajar hacia París, lo mismo que a la coordinadora Fleur Ravensbergen, que, a diferencia de sus compañeros, tomó el vuelo a la capital francesa.
El experto de Sri Lanka y Kasrils –los dos aparecían en el vídeo– optaron por viajar más tarde a Madrid, donde hoy declararán a partir de las diez de la mañana, aunque ninguno de ellos firmó la notificación judicial. Tampoco lo hizo el irlandés Chris Maccabe, que estaba en su hotel de Bilbao cuando le llegó. Finalmente serán ellos tres quienes presten declaración ante Moreno y asuman la responsabilidad por el resto de mediadores.
EL CORREO 23/02/14