No es una crisis ‘del’ Constitucional, sino una crisis constitucional en toda regla. Un momento de extrema delicadeza para el sistema, como ocurre cuando los mecanismos institucionales no funcionan, las garantías no se respetan y el principio de separación de poderes entra en quiebra. La deriva bonapartista del sanchismo no podía acabar de otra manera que en un duelo a cara de perro con el control de la justicia como trofeo. El enfrentamiento, al que ha contribuido no poco el PP con su persistente bloqueo, tiene paralizado y diezmado al Consejo del Poder Judicial, asfixiado al Supremo y sometido al TC a una intolerable presión sobre sus miembros. El estrago ya no tiene remedio; su autoridad jurídica está siendo revolcada por los suelos.

A la reforma chulesca, al desafío provocador de una reforma dolosa que desbarata la mayoría preceptiva de tres quintos para dejar al intérprete máximo de la Constitución a merced del Ejecutivo y sus aliados políticos, ha respondido la oposición con una desesperada maniobra de obstruccionismo que mete al propio Tribunal en un severo conflicto. En situación de normalidad no resultaría problemático que los magistrados decidieran sobre una cuestión que les afecta de lleno a sí mismos. Pero cuando dos de ellos tienen el mandato caducado y son susceptibles de recusación, un veredicto en cualquier sentido arruinará su ya muy dañado prestigio y aparecerá ante la opinión pública como un servicio sesgado hacia intereses de partido. Y por si fuese poco peligro, el Gobierno previene un fallo negativo hablando con incendiaria naturalidad de ‘golpismo’.

Esta abierta deslegitimación sigue el lenguaje y la doctrina rupturista de los separatistas catalanes, verdaderos promotores del demarraje legislativo emprendido por Sánchez. Desde el principio, la ‘desjudicialización’ –es decir, la revocación de sus responsabilidades penales– era condición indispensable, puesta por escrito, para que la moción de censura saliera adelante. Ese acuerdo, que tenía en el final de este año su calendario expreso, es el único que el presidente ha cumplido en todos sus términos, en parte por necesidad y en parte quizá mayor porque refuerza el eje de su proyecto: el de un bloque frentista estable que lo amarre al poder durante largo tiempo.

Al deterioro reputacional del órgano de garantías, último dique del Estado de Derecho ante la ofensiva para desmantelarlo mediante fraudes de ley solapados, sólo le faltaba este mutuo forcejeo de filibusterismo parlamentario. Está para el arrastre, inservible como instancia de arbitraje: resuelva como resuelva, salga como salga de esta trampa para elefantes, la herida es grave porque la mitad de los españoles se sentirá al margen. El verso del Tenorio –«imposible la hais dejado para vos y para mí»– sirve en estas circunstancias de amarga paráfrasis. Sánchez lo quiere suyo o de nadie.