LE VOY a pedir un ejercicio de imaginación. Mohamed Houli y Driss Ouakbir son dos presuntos terroristas vinculados a los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Están acusados de los delitos de integración en organización terrorista, asesinato y lesiones de carácter terrorista; y, en el caso de Houli, se le suma también el delito de depósito de explosivos y estragos. Imaginen que estos dos presuntos terroristas son condenados por los atentados en los que dieciséis personas fueron asesinadas y varias decenas, heridas. Imaginen que cumplen condena y que, al salir de la cárcel, vuelven al pueblo donde vivían, a Ripoll. Imaginen que, a su llegada, les esperan decenas de personas que han cortado una calle, montado un escenario, formado un pasillo, traído banderas, cohetes y serpentinas, incluso una botella de cava, y los reciben con vítores, aplausos, baile de honor y flores. Imaginen que incluso les sientan en el sillón del alcalde como muestra de agradecimiento por los crímenes cometidos. Difícil de imaginar, ¿verdad? Sería un escándalo. Pues está pasando. Pero no en Ripoll, sino en el País Vasco y Navarra. Y no solamente el pasado fin de semana en las localidades de Hernani y Oñate. Ocurre prácticamente todas las semanas desde hace años. Y los homenajeados, como pueden imaginar, no son yihadistas, sino terroristas de ETA orgullosos de serlo.
La izquierda abertzale siempre ha promovido los homenajes públicos a miembros de ETA; recuerdo que mi hermano los denunciaba con asiduidad. Aunque este fenómeno no es nuevo, durante los últimos tres años ha sido una prioridad para Covite medir su verdadera dimensión. Así, empezamos a documentar en nuestra página web, en el Observatorio de la Radicalización, todos los actos relacionados con la radicalización en el ámbito del terrorismo de ETA.
El trabajo que hemos estado haciendo desde septiembre de 2016 ha superado todas nuestras expectativas: hemos identificado hasta 331 actos de enaltecimiento del terrorismo. La gran mayoría, 130, han sido actos de homenaje a presos de ETA que han salido de prisión o a miembros de ETA fallecidos. Otros van desde pintadas y pancartas alabando a ETA hasta jornadas de acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o fiestas populares dedicadas a los terroristas de ETA. Todo esto hemos documentado en tan solo tres años.
Si exploran nuestro Observatorio de la Radicalización, quizá se pregunten cómo hemos conseguido tantas imágenes, tantos vídeos, tanta información. La respuesta es sencilla y se resume en una palabra: impunidad. La izquierda abertzale exhibe este despliegue audiovisual porque homenajear a terroristas orgullosos de serlo y vanagloriarse de los crímenes cometidos les sale gratis. Durante estos tres largos años, Covite ha estado librando una muy dolorosa batalla prácticamente en solitario contra la Audiencia Nacional y la inacción del Gobierno vasco, que tiene la obligación legal de impedir estos actos, pero que incumple su propia Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. Durante esta contienda, Covite ha interpuesto 25 denuncias ante la Audiencia Nacional por posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Pues bien, solo en una de ellas ha habido condena: a cinco menores de edad por homenajear en un instituto de Hernani a 22 miembros de ETA implicados en al menos 13 asesinatos.
Los argumentos de la Audiencia Nacional para desestimar nuestras denuncias se resumen en dos. El primero: donde todos vemos un homenaje y una clara intención de alabar la trayectoria criminal de un miembro de ETA, la Audiencia Nacional ve «un acto de expresión de alegría», una reivindicación a favor de los terroristas que considera legítima. Sentar al terrorista Andoni Gabiola en el sillón de Plenos del Ayuntamiento de Lekeitio –como ocurrió en septiembre de 2016– no implica querer honrarle, según el criterio de la Audiencia Nacional. El segundo argumento: no puede haber un delito de enaltecimiento del terrorismo porque «no hay riesgo de que ETA vuelva a utilizar la violencia». La Audiencia Nacional parece tener una fe ciega en la palabra de ETA: como ETA dijo hace un año que se disolvía, los homenajes han dejado de ser homenajes. Mientras tanto, ignora el desprecio y la humillación que sufrimos las víctimas y la gran mayoría de ciudadanos de este país cada vez que vemos cómo en nuestras calles se homenajea a etarras y se les permite que alardeen de los asesinatos que han cometido. La Audiencia Nacional no ve ningún riesgo en que haya niños en primera fila asistiendo a esos homenajes. ¿Quién nos garantiza que, dentro de unos años, estos niños no vayan a empuñar las armas?
Ayer recibí otro carpetazo definitivo a una de nuestras denuncias. El criterio en el que la Audiencia Nacional se ha basado para dilucidar si estamos ante un delito o no es «si se trata de perseguir conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal». La realidad que perciben los jueces parece ser justo la contraria de la que estamos viviendo estos últimos días. No sé qué más tiene que pasar para que se deje de negar la evidencia. Este asunto no solo nos afecta a las víctimas, sino que va más allá, atañe al tipo de sociedad queremos vivir. ¿Una en la que se honra a terroristas y se deja desamparadas a las víctimas? ¿En la que las nuevas generaciones tengan como modelo a seguir a terroristas sanguinarios? Imploro, desde aquí, protección al Estado de derecho. Pido que se recobre el sentido de la responsabilidad y que se vuelva a aplicar el artículo 578 del Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para condenar hechos como los que hemos visto en Hernani y Oñate este fin de semana. Ya se hizo hace muy pocos años y se condenó a Arnaldo Otegi y a Tasio Erkizia. No es necesario cambiar este artículo del Código Penal; basta con aplicarlo.
Consuelo Ordóñez es presidenta de Covite.