Una vez formado el nuevo Gobierno, algunos de los nombramientos a los que ha procedido destilan el mantenimiento de unos usos que, por muy extendidos que estén en nuestro país, sin distinción de ideologías, distan de ser políticamente saludables. Pedro Sánchez es el presidente que ha asegurado atractivas colocaciones en puestos oficiales a más colaboradores una vez ha prescindido de sus servicios en el Ejecutivo, sin que le detenga el riesgo de ofrecer una imagen de colonización de las instituciones. Todavía colean casos de tan dudosa higiene en la separación de poderes propia de una democracia como los de Dolores Delgado y Juan Carlos Campo, que pasaron de ministros de Justicia a fiscal general del Estado y vocal del Tribunal Constitucional, respectivamente.

Héctor Gómez, ministro de Industria durante los ochos últimos meses de la pasada legislatura, acaba de ser designado embajador ante la ONU. El hecho de que carezca por completo de experiencia en el ámbito diplomático no ha sido óbice para que el Gobierno le considere la persona idónea para representar a España en el principal organismo multilateral. Miquel Iceta, extitular de Cultura, lo hará en la Unesco. Ese doble movimiento dota de un fuerte cariz político a ambas embajadas. Una práctica en la que también ha incurrido el PP por mucho que la critique cuando ahora la aplican otros.

Mucho más cuestionable es el nombramiento del anterior secretario de Estado de Comunicación de La Moncloa como presidente de la agencia estatal de noticias Efe. Miguel Ángel Oliver es un profesional con una dilatada trayectoria y sobrada capacidad para tal función. Sin embargo, el desempeño previo de ese cargo de máxima confianza, desde el que por ejemplo trató de imponer un control previo de las preguntas al Gobierno durante la pandemia -lo que provocó una airada protesta de la prensa-, hace poco presentable desde el punto de vista estético la designación, que proyecta la sombra de un supuesto deseo de controlar un medio público cuya independencia informativa debería estar fuera de toda sospecha. Las críticas contra esta decisión están más que justificadas. Como las vertidas por la permanencia en el CIS de José Félix Tezanos, que ha arruinado con su sesgo partidista la credibilidad de ese organismo. Pero son extensibles a medidas no muy distintas y también nada ejemplares adoptadas por gobiernos de diverso signo en otros momentos o ámbitos geográficos.