DIARIO VASCO, 9/6/12
Un seminario reúne en Bilbao a Pagazaurtundúa, Goirizelaia y jueces vascos para hablar de las reuniones de víctimas y presos
Miembros de la judicatura y el mundo académico, víctimas y representantes de la izquierda abertzale se sentaron ayer en la misma mesa para debatir sobre convivencia y futuro. El seminario del Forum Deusto ofreció en Bilbao una fotografía poco usual que demuestra que el diálogo entre todos es posible pero que, a la vez, evidencia que todavía queda mucho camino para cerrar las heridas tras décadas de violencia. Especial significación tuvo la coincidencia en un mismo espacio de debate entre Maite Pagazaurtundúa, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con dirigentes de la antigua Batasuna como Jone Goirizelaia, que acudió como abogada. No debatieron cara a cara ni hablaron en los recesos, pero sí tuvieron oportunidad de cruzar opiniones sobre si la justicia con los presos de ETA debe ser «transicional» como en Irlanda, según expuso la letrada independentista, o sobre la necesidad de acabar con la «impunidad», como defendió la hermana de Joseba Pagazaurtundúa, jefe de la Policía Local de Andoain asesinado por ETA. No obstante, el debate se centró en la virtualidad de los encuentros restaurativos entre víctimas del terrorismo y presos etarras disidentes de la violencia.
Entre los alrededor de 40 participantes en la jornada ‘Justicia para la convivencia, justicia retributiva y justicia restaurativa’, estaban también el comisionado del lehendakari para la convivencia, Jesús Loza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; el coordinador de Lokarri, Paul Ríos; el Ararteko, Iñigo Lamarca; el representante de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Txema Urkijo; el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria, el miembro de Gesto por la Paz Fabián Laespada; el abogado y miembro de la Fundación Sabino Arana Txema Montero; o el exconsejero vasco víctima de ETA José Ramón Recalde, además de periodistas y profesores universitarios.
Maite Pagazaurtundúa confesaba ayer a este periódico que se había sentido «incómoda» por coincidir en un foro con representantes de la antigua Batasuna, aunque «el tema tenía interés y he ido». «Ni me lo había planteado pero ha sido duro, porque con maquillaje no se borra de repente todo lo que ha pasado», explica la hermana del asesinado Joseba Pagazaurtundúa. La presidenta de la Fundación de Vícitmas cree que con la legalización de sus marcas electorales, «la izquierda abertzale ha eludido la exigencia de la condena de los atentados y esto no es un tema menor». Sobre los encuentros restaurativos, mostró su «respeto absoluto», si bien precisó que no se debe convertir esas «pruebas piloto» en «una solución milagro». En este sentido, consideró que en la sociedad vasca «no se dan demasiadas condiciones» para avanzar en la justicia restaurativa y, además, los presos no tienen la «intención mayoritaria de reparar».
La miembro de la izquierda aber-tzale Jone Goirizelaia criticó que los encuentros entre reclusos de ETA críticos con la violencia y víctimas se están «utilizando políticamente» y «contra otros presos». En este sentido, defendió que «el diálogo es la fórmula para buscar soluciones», pero «con un compromiso sólido de hablar de todas las cuestiones y sin utilización de lo que se hable». La representante abertzale reivindicó que «el diálogo es la fórmula para buscar soluciones», pero advirtió de que «esas conversaciones que están saliendo a la luz pública ahora se están utilizando políticamente con un interés claro y concreto». Además, criticó que se usan también «contra otros presos» porque «el participar o no participar en estas conversaciones supone beneficios, supone contraprestaciones, supone traerles o no traerles a un lugar concreto». «Es decir, supone vulneración grave de los derechos que tienen los presos y que están recogidos en la legislación vigente», añadió. Por ello, apostó por «hacer las cosas de otra manera», con un planteamiento de «justicia transicional», que supone que «entre otras muchas cosas hay que hablar, las víctimas tienen que hablar, las personas tienen que hablar, pero dentro de un contexto con un compromiso sólido y para hablar de todas las cuestiones y sin utilización de lo que se hable allí para obtener beneficios o obtener réditos». «Me parece que ese es el camino y creo que eso es lo que nos acerca a la solución», concluyó la dirigente de la izquierda abertzale.
Iñaki García Arrizabalaga fue una de las primeras víctimas de ETA que se reunió cara a cara con un preso arrepentido. Por eso, ayer defendió en el seminario estos encuentros restaurativos y el fomento de la reinserción social. «Reconocer el daño causado está bien», recalca, aunque cree que hay que ir más allá. «Hay que dar más pasos y pedir perdón, por ejemplo, sería algo revolucionario». García Arrizabalaga, cuyo padre, delegado de Telefónica, fue asesinado en los ochenta en San Sebastián, no entiende las críticas de grupos de víctimas como Covite y niega que las reuniones con presos disidentes de ETA supongan «un empate técnico entre víctimas y victimarios». Sobre el hecho de compartir mesa con miembros de la izquierda abertzale, explica que «no me ha quedado más remedio», pero que «como primera toma de contacto está bien», aunque la exposición de Goirizelaia evidenció que «nos separan muchas cosas».
Ríos consideró que la vía Nanclares, de los presos disidentes de ETA tiene «aspectos positivos», pero también «déficits», como el hecho de que algunos de sus participantes han cumplido los requisitos legales, pero luego «se les niega los beneficios penitenciarios». «Hay que encontrar una fórmula» para aclarar esto, defiende. Para el coordinador de Lokarri, también sería «importante» el acercamiento de los reclusos a cárceles vascas para abrir la posibilidad de «una vía de diálogo entre la sociedad y los presos sobre qué hay que hacer». También expuso la necesidad de diferenciar entre «distintas realidades» como la existencia de personas «condenadas más por actividades políticas que delictivas».
DIARIO VASCO, 9/6/12