XABIER ETXEBERRIA / Miembro del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, EL CORREO 10/12/13
· ETA ha justificado la violación del derecho básico a la vida como vía para hacer realidad otro –discutible en su aplicación–, el de la soberanía nacional.
Un día como hoy de 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces han ido ganando oficialmente terreno como referencia compartida para definir lo que nos debemos unos a otros y lo que podemos reclamarnos. Pero, desgraciadamente, con mucha frecuencia, nuestra remisión a ellos es puramente instrumental, con lo que los falseamos, los violamos al reivindicarlos.
Una primera y cruda modalidad de instrumentalización es la parcializadora. Exigimos con contundencia los derechos que nos interesan para nuestros objetivos políticos o económicos, ignorando, negando e incluso conculcando los que no nos interesan. Es lo que está presente en violencias directas como la que ha practicado ETA, que pretende justificar su conculcación de los derechos básicos a la vida y la integridad argumentando que es vía necesaria para realizar otro derecho –además, discutible en la aplicación que hace– a la soberanía nacional. La contradicción, la violación, incluso del derecho que se quiere defender, no puede ser más cruda. No hay que olvidar que también se da esta instrumentalización, más oculta pero muy efectiva, en violencias estructurales apoyadas en derechos civiles (de propiedad, movilidad, intercambio, asociación, etc.) que se reclaman cuando se elaboran estrategias empresariales y financieras que conculcan gravemente derechos sociales básicos de, incluso, millones de personas, con trágicas consecuencias, algo que se sabe. Piénsese, por ejemplo, en la conexión entre el hambre en el mundo y el hecho de que el precio de los alimentos básicos está sometido a la especulación globalizada.
Una segunda modalidad de manipulación es la jerarquizadora. No se asume que los derechos humanos –civiles, políticos, sociales– han sido declarados indivisibles e interdependientes. Por el contrario, se postula que algunos de ellos –los civiles y políticos– son auténticos derechos, de obligado cumplimiento siempre, mientras que otros –los sociales– son expectativas que solo cuando hay abundancia social pueden colmarse. Con lo que se utilizan de hecho los primeros como parapeto que frena el cumplimiento de los segundos, con la correspondiente victimación de los colectivos vulnerables. Hay mucho de ello en la actual gestión pública de la crisis. Otra versión, en dirección inversa, de esta manipulación ha sido la utilizada en los países comunistas, al proponer primero la realización de los derechos sociales que, culminada –se decía–, daría pie al cumplimiento –manipulado– de los derechos civiles y políticos. Pues bien, la no instrumentalización de los derechos pide que se hagan imaginativa y firmemente políticas que pretendan realizarlos todos a la vez, apoyándose en la fuerza que unos pueden suponer para los otros.
A la tercera modalidad podemos llamarla hipócrita. Los derechos son proclamados ampulosamente, con gran carga retórica si es preciso, con el objetivo de que parezca que los aceptamos, solo por los beneficios que ello nos reporta: instrumentalización, primero, de los derechos, utilizados para nuestros intereses, y, segundo, de las personas, a las que pretendemos engañar. Logrado el propósito, podemos ya, con disimulo, no cumplirlos –nuestra intención de fondo–. Cuando esta dinámica se da en los principales representantes de la política, de la empresa, etc., su impacto social es muy grave. Pero no debe olvidarse que el que también se dé en el ‘ciudadano de a pie’ ayuda grandemente a que las intenciones de los poderosos tengan éxito.
Una cuarta modalidad es la irresponsable. Consiste en reclamar los derechos rehuyendo los deberes inherentes a ellos. Mis derechos son tus deberes, pero sin que funcione la reciprocidad. O, también: las instituciones públicas tienen el deber de satisfacer los derechos de los ciudadanos, los míos como ciudadano, pero yo no me considero con obligación de cumplir mis deberes tributarios, de hacer buen uso de los servicios públicos, etc. Esto es, los derechos solo se contemplan para el propio interés.
A la quinta modalidad de manipulación podemos denominarla patriotera. Caemos en ella casi sin darnos cuenta. Funciona en dos versiones complementarias. En la primera, de este modo: el ejercicio de nuestros derechos está ligado a nuestra condición políticamente efectiva de ciudadanos; esta condición se hace real cuando en el Estado en que residimos nos es reconocida; con lo que, si esto no sucede en modo alguno –inmigrantes ‘sin papeles’– o solo parcialmente –con ellos–, al ser no ciudadanos o ser ciudadanos de segunda no tenemos nuestros derechos (plenos). En la segunda versión, la dinámica es esta: se ve normal que nuestras obligaciones (tributarias y otras) para que se realicen todos los derechos se ciñan al ámbito del Estado nacional; satisfecho esto, queda al arbitrio de la ciudadanía nacional y sus representantes políticos el ofrecer ayudas –migajas, con frecuencia en forma estratégica–, para paliar gravísimas carencias en la satisfacción de derechos de los ciudadanos en Estados azotados por catástrofes, desgobiernos y opresiones. En ambas versiones instrumentalizamos los derechos gestionándolos al servicio de la potenciación de nuestro Estado nacional y sus ciudadanos. Ignorando que la solidaridad universal que los sustenta reclama que las solidaridades parciales –nacionales– no solo no contradigan la primera, sino que busquen eficazmente modalidades de gobernanza mundial que la hagan una realidad.
La tarea de luchar contra las instrumentalizaciones de los derechos humanos es, pues, amplia. Procurar, con nuestra denuncia y nuestro compromiso cívico, que se reduzcan es un deber básico.
XABIER ETXEBERRIA / Miembro del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, EL CORREO 10/12/13