ABC 10/05/2013
· Los partidos soberanistas ignoran el auto del Constitucional mientras que el PP y Ciudadanos exigen que se paralice la agenda independentista.
Del mismo modo que las sentencias judiciales que garantizan la educación bilingüe no se aplican en Cataluña, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la declaración de soberanía del Parlamento catalán tampoco tendrá efectos jurídicos. Al menos, esa es la interpretación y voluntad de los partidos que apoyaron esa declaración (CiU, ERC, ICV y la CUP), que define Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano». Esas formaciones apoyaron ayer en bloque la interpretación de la presidenta de la cámara catalana, Núria de Gispert, que consideró que el texto sigue vigente en tanto que, dijo, se trata de una declaración no jurídica y sólo expresa una posición política fruto de la voluntad mayoritaria de los diputados.
En cualquier caso, obviando el auto del TC, como si nada hubiese pasado, el soberanismo se aferró a la lectura política, a ratos apelando a la épica, prometiendo inquebrantable lealtad a la «voluntad del pueblo», lo que confirma que los partidos que trabajan por la ruptura con España no darán un paso atrás. Lo demostró de facto el mismo miércoles el Parlamento catalán, al aprobar la comisión de seguimiento de la consulta, y lo confirmaron ayer de palabra los partidos soberanistas: el auto nada cambia, la declaración sigue «vigente», «seguimos adelante». «No nos apartamos ni un milímetro de la hoja de ruta», aseguró la ANC, promotores de la Diada del 11 de septiembre. «La declaración no supone ni la independencia ni la creación de un Estado propio, sino que declara la soberanía del pueblo catalán para hacer la consulta», se justificó De Gispert (UDC). En todo caso, y pese a ningunear el alcance de la suspensión cautelar, lo primero que hicieron ayer los partidos independentistas fue apoyar la presentación de un recurso contra el auto, y reafirmarse en el plan trazado.
Así, la semana que viene está previsto que se constituya, con el concurso del PSC, la comisión parlamentaria de seguimiento de la consulta, entre cuyos objetivos está «estudiar e impulsar» todas las «alternativas para hacer efectivo el derecho a decidir».
«La voluntad del pueblo»
Para el presidente del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, el TC y el Gobierno «nos pretenden tapar la boca, pero no lo conseguirán». En la misma línea, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, señaló que «la voluntad del pueblo catalán está por encima de la voluntad política del Gobierno español y de un TC integrado por doce magistrados designados a dedo por PP y PSOE», por lo que «seremos leales con nuestro pueblo, y más cuando el debate de fondo sigue siendo quién es demócrata y desea que los ciudadanos voten y quién no lo es». Por su parte, Dolors Camats (ICV) aseguró que «el proceso no se debe congelar por muchas suspensiones de declaraciones que haya», mientras que el portavoz de la CUP, extrema izquierda independentista, llamó directamente a la «desobediencia».
Frente a la actitud insumisa de los partidos soberanistas, los equilibrios de un PSC en una posición cada vez más comprometida y el rechazo radical de PPC y Ciudadanos, que consideran que el auto del TC desarma el proceso soberanista, y que la constitución de la comisión de seguimiento de la consulta equivale a un acto de desacato. Con matices, los tres partidos que no firmaron el texto suspendido reclaman al Parlamento catalán que acate el auto del Constitucional.
«Choque de trenes»
Al respecto, el portavoz del PSC, Maurici Lucena, consideró una «frivolidad jurídica» sostener que la declaración sigue vigente, un gesto muy «grave» en el que ve la voluntad de CiU y ERC de ir «directamente hacia el choque de trenes». En un imposible juego de equilibrios, el PSC defiende su propia declaración, que aboga por el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, y se reafirma en su voluntad de participar en la comisión de la consulta, que defienden para apostar por el «no» a la independencia.
PPC y Ciudadanos, por contra, reclaman parar el proceso, al menos hasta que el TC se pronuncie de manera definitiva antes del plazo de cinco meses. Ambas formaciones, en la misma dirección, reclamaron al PSC que «no le haga el juego a CiU», algo que, a su entender, pasa, en primer lugar, por abandonar la comisión de la consulta. «Al final acabaremos teniendo un Parlament antisistema», señaló el portavoz popular, Enric Millo. También se pronunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que recordó «que nadie está por encima de la Constitución ni de las leyes».
ABC 10/05/2013