Intelectuales y profesionales salen al paso de la oleada soberanista de Mas

Escritores, abogados, políticos, cineastas o economistas han suscrito un manifiesto a favor del federalismo frente a la ola secesionista alimentada desde CiU y el Gobierno catalán que preside Artur Mas. Los firmantes ponen de relieve que tal apuesta soberanista puede desbordar el malestar social originado por la crisis económica y que los independentistas cargan ese malestar sobre su particular idea de España como chivo expiatorio. “Ni Cataluña está sometida a un expolio por parte de España ni el común de los españoles alberga sentimiento alguno de menosprecio hacia ella”, aseguran, para añadir que los independentistas “se proponen violentar la ley democrática hecha por todos para todos”. El manifiesto apuesta porque todas las fuerzas democráticas busquen un mejor encaje institucional para Cataluña, una financiación más justa y una federalización del deteriorado Estado de las autonomías.

No obstante, los firmantes destacan que, si el sentimiento nacional catalán fuera apoyado mayoritariamente de forma irreversible, “la convicción democrática nos obligaría al resto de los españoles a tomarlo en consideración para encontrar una solución apropiada y respetuosa”.

Este es el texto íntegro:

Queremos atender esa llamada porque los promotores de una independencia inmediata de Cataluña aducen beneficios obviando penosas consecuencias para todos. Además se eximen de responder a los ingentes problemas que, como europeos, como españoles, como ciudadanos de una comunidad autónoma y como vecinos de un municipio, nos plantea la crisis económica y la incapacidad que aquí y en Europa se advierte para adoptar decisiones válidas. Añadir una propuesta de secesión augura, bajo el pabellón de un nacionalismo exacerbado, el desbordamiento a corto plazo del malestar social al que nos viene arrastrando el súbito empobrecimiento y el vértigo de la desesperanza de un número creciente de ciudadanos.

Los independentistas convierten su particular idea de España en el chivo expiatorio sobre el que cargar todos los malestares. Abonan así el terreno a la exigua minoría que, desde el resto de España, se propone hacer otro tanto con su particular idea de Cataluña. La afirmación de que España perpetró agresiones contra Cataluña es una desgraciada manipulación del pasado, que olvida deliberadamente cómo en los conflictos y guerras civiles en los que todo el país se vio envuelto, los catalanes, al igual que el resto de los españoles, se dividieron entre los diferentes bandos.

Ni Cataluña está sometida a un expolio por parte de España, ni el común de los españoles alberga sentimiento alguno de menosprecio hacia ella. Bien al contrario: Cataluña suscita afecto, admiración y reconocimiento, entre otras razones porque sin ella, sin su lengua, sin su cultura y sin su aportación solidaria, no puede entenderse la España democrática. Las fuerzas políticas que han abrazado el independentismo calculan que, dada la drástica reducción de los recursos del Estado y los padecimientos de la crisis, sería llegada la hora de pugnar por sus aspiraciones maximalistas, sin atender al orden constitucional pactado por todos.

En Cataluña existe un profundo sentimiento nacional, del que el resto de los españoles es plenamente consciente. De ahí que sostengan con firmeza que haya de ser reconocido e integrado de nuevo en el seno de instituciones compartidas. No obstante, si ese sentimiento de forma mayoritaria se manifestara contrario de modo irreductible y permanente al mantenimiento de las instituciones que entre todos nos dimos, la convicción democrática nos obligaría al resto de los españoles a tomarlo en consideración para encontrar una solución apropiada y respetuosa: los ciudadanos de Cataluña tienen que saber que este es nuestro compromiso irrenunciable. Pero tienen que saber también que en el resto de España y en la misma Cataluña hay muchas voces que reclaman seguir avanzando juntos.

El programa de construcción nacional incentiva a los independentistas a sentirse víctimas de una opresión por parte de España, a rechazar la toma en consideración de las propuestas de entendimiento y a silenciar o relegar a todos aquellos ciudadanos catalanes que no suscriban ese programa de secesión. La transición de la dictadura a la democracia se hizo de la ley a la ley pasando por la ley. Ahora, paradójicamente, los independentistas para llevar adelante su denominada transición nacional se proponen violentar la ley democrática, hecha por todos y para todos, con el propósito de alumbrar una ley nueva, hecha solo por los que se sienten llamados a una misión sin contar con los demás. En la aritmética política sucede que el orden de los factores altera el producto

Ni España ni la Constitución de 1978 ni el Estatut de 2006 niegan a los ciudadanos de Cataluña ejercer su derecho a decidir; son los partidos que apoyan la fulminante independencia de Cataluña quienes confunden las opciones al concurrir, una tras otra, a las citas electorales con programas edulcorados, indoloros y sin coste político, social o económico alguno, pensando ampliar así sus apoyos en las urnas.

Es preciso que CiU y otras fuerzas de afinidad independentista asuman sus graves responsabilidades en la equivocada gestión de la presente crisis económica y en los abusos en que incurrieron y dejen de exculparse bajo el supuesto expolio perpetrado por España. Esa estrategia de exculpación les ahorra el debate económico y social que necesitan tanto Cataluña como el resto de España, exacerbando y absolutizando, en su lugar, un debate nacional y nacionalista.

Consideramos, además, que todas las fuerzas democráticas deberían sumarse en la búsqueda de un mejor encaje institucional para Cataluña, de una financiación más justa y de una federalización del deteriorado Estado de las autonomías, que inscriba en su norma suprema la solidaridad interterritorial y los criterios de su aplicación compatibles con el esfuerzo común de todos y el principio de ordinalidad. Por ese camino podremos seguir ampliando las cotas de libertad, igualdad, progreso y respeto mutuo logradas con la Constitución de 1978.

[También ayer, otro grupo de personas de diversos ámbitos de la política, la cultura o la economía difundieron otro comunicado sobre los últimos acontecimientos relacionados con el futuro de Cataluña, en el que exponen argumentos aproximados al texto anterior. Entre el medio centenar de de firmantes de este segundo texto figuran Antonio Elorza (catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense), Jon Juaristi (escritor), Javier Varela (profesor de la Historia del Pensamiento Político), Enrique Gimbernat (catedrático de Derecho Penal), Agustín Ibarrola (pintor y escultor), Félix Ovejero (profesor de Economía) o Emilio Lamo de Espinosa (catedrático de Sociología)].

EL PAIS, 04/11/12