Interés general

Escuchaba atentamente a comienzos de este verano una animada conversación entre un grupo de amigos sobre las diferentes tácticas y técnicas que, en su opinión, los diferentes partidos políticos emplean en la confrontación política y las ventajas o consecuencias adversas, que, como consecuencia de su aplicación, cada uno de ellos podría experimentar en su respaldo electoral.

Cuando habían expuesto un sinfín de opiniones y pareceres al respecto, favorables y desfavorables para unos y para otros, se me ocurrió preguntarles, cuál creían ellos que sería el impacto que todo ello podría tener en los asuntos de interés general para los españoles, porque, a fin de cuentas, el valor de la actividad política se refleja en el impacto que su acción tenga para el interés general de los españoles, no para el interés particular o electoral de las diferentes formaciones políticas.

Mayoritariamente sonrieron como dando a entender que, en realidad, el interés general de los españoles no era un aspecto que formara parte de este tipo de análisis. El interés general de los españoles parece ocupar un segundo plano, tanto en las tácticas y técnicas de las formaciones políticas, como en el análisis de éstas por parte de los ciudadanos y no debería ser así. La actividad política, en sentido estricto, debe estar orientada al interés general de los españoles.

Según el Diccionario Panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española, se entiende por interés general el «concepto que resume las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos».

La actividad política aparece comprometida con la satisfacción de ese interés general, por encima de las situaciones coyunturales por las que atraviesan los partidos y el mayor o menor respaldo que los electores pueden otorgarles como consecuencia de esas situaciones y es ese interés general el que debe prevalecer como elemento de referencia a la hora de valorar la mayor o menor eficacia de las actuaciones de los diferentes partidos. En definitiva, la salvaguarda del interés general es la razón por la que existen. Si sólo lo fuera la salvaguarda de su interés particular, carecería de sentido que la sociedad optase por la supervivencia de este tipo de organizaciones.

Este verano, hemos experimentado, una vez más, un desafío significativo contra nuestro interés general. En concreto contra la salvaguarda de nuestros espacios forestales y agrarios como consecuencia de la generación de incendios en una amplísima zona del oeste de nuestra nación, afectando, especialmente, pero no sólo, a las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Los incendios han desbordado las capacidades de los medios existentes o puestos a disposición de las autoridades regionales competentes en su control y extinción. Aunque estas comunidades autónomas son las víctimas principales de esta auténtica tragedia medioambiental, el impacto de ésta se extiende mucho más allá de los límites geográficos de dichas comunidades. Representa un significativo perjuicio para el interés general de los españoles.

De acuerdo con un viejo lema de campaña contra los incendios de la antigua Dirección General de Montes de los años 60, que todo el mundo recuerda, «cuando un monte se quema, algo suyo se quema», tratando de trasladar a la sociedad esta sensación de que los incendios de los montes perjudican, en primera instancia, a sus vecinos, pero a la postre, nos perjudican a todos, forman parte de nuestro interés general.

Constituye una de las clásicas catástrofes medio ambientales que requieren el concurso de todos, sin excepción, ni exclusión. El debate, nuevamente abierto, sobre los límites competenciales entre las comunidades autónomas o la Administración General del Estado, se ha vuelto a mostrar como nocivo para la satisfacción del interés general de los españoles. La articulación de los órganos responsables de la gestión del reto, vinculada a la implantación territorial del órgano y consecuentemente al mayor conocimiento del escenario físico concreto, es una cosa y la disponibilidad de los medios «de todos» para hacer frente a ese reto específico es otra.

La respuesta proporcionada por el Gobierno de la nación, el titular y gestor de los medios «de todos», a las solicitudes de apoyo de los directamente afectados, se ha vuelto a mostrar, una vez más, como sucediera durante la dana de Valencia del pasado mes de octubre, como insuficiente y tardía, dando la indeseable sensación de soledad y abandono de muchos españoles residentes en las zonas afectadas.

Una de las más llamativas, por las expectativas depositadas en ella, ha sido la proporcionada por los medios de las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del Ministerio de Defensa, so pretexto de no ser su función principal, más allá de lo ejemplarmente aportado por la Unidad Militar de Emergencias. Se repite lo sucedido en Valencia, cuando a pesar de la desesperación de los propios militares, el Gobierno se mostró reacio a impulsar con decisión y tempranamente la presencia de las Fuerzas Armadas en el lugar de la desgracia.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, entre otras misiones, «las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente».

Una de las características esenciales de los medios de las Fuerzas Armadas es la de su alto grado de disponibilidad. También lo es la de su vocación, históricamente acreditada, de no permanecer indiferentes, ni siquiera de forma aparente, ante el sufrimiento de los ciudadanos.

Por otro lado, como parte de su equipamiento, asignado por la nación, disponen de recursos específicos, de carácter humano y material, operativo y logístico que les permiten cooperar eficazmente con las actuaciones en curso y con el alivio de las penalidades por las que atraviesan los afectados.

Todo ello debería ser tenido en cuenta por el Gobierno para la puesta a disposición con prontitud de dichos recursos para dar así respuesta satisfactoria a las demandas del interés general.

• Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla del Grupo Parlamentario Popular