EL CORREO, 26/6/12
Cree que la sentencia de Sortu permite actuar contra el Ayuntamiento de San Sebastián por financiar un documental sobre reclusos etarras
El ministro del Interior, muy crítico con la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó Sortu, encontró ayer en ese mismo fallo la rendija que llevaba tiempo buscando para actuar contra la coalición electoral de la izquierda abertzale Bildu. Jorge Fernández Díaz consideró que la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por esta alianza electoral, de financiar con 9.000 euros la producción de un documental sobre cinco presos de ETA es «un claro indicio» para pedir su ilegalización al abrigo del fundamento jurídico número 15 de la sentencia de Sortu. «No nos va a temblar el pulso», amagó el titular de Interior.
El Ministerio considera que es constitutiva de delito la decisión del alcalde donostiarra Juan Carlos Izagirre de conceder una subvención de 9.000 euros al documental ‘Barrutik begirako leihoak’ (Ventanas al interior), que dirigido por cinco cineastas trata las historias de cinco presos de ETA, entre ellas la de uno de los líderes de la organización terrorista, Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’. Interior sostiene que la película, aunque aún no está grabada, se puede enmarcar en uno de los supuestos de «justificación implícita del terrorismo» recogidos en la sentencia del Constitucional de la pasada semana.
En concreto, Interior plantea que el «ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran» encaja como un guante en este caso. Este supuesto está recogido en el fundamento jurídico número 15 de la sentencia de la corte de garantías constitucionales. Un fallo que Fernández Díaz dijo no compartir.
Choque «frontal»
El ministro, sin embargo, señaló ayer que la decisión del consistorio donostiarra, aprobada el pasado viernes con los votos de Bildu y la oposición de PSE, PNV y PP, «choca frontalmente» con la sentencia del Constitucional en el apartado que refiere a los supuestos para impulsar una ilegalización sobrevenida. El fallo recoge varios escenarios para plantear la proscripción de una formación legal, entre ellos la colocación en pie de igualdad a las víctimas del terrorismo con los presos de ETA, pero también la apología de los autores de atentados, una circunstancia agravada cuando estas loas procedan de puestos institucionales.
Fernández Díaz señaló en un comunicado que Bildu, con esta iniciativa, «puede estar incumpliendo» ese fundamento de la sentencia del Constitucional, y si la Abogacía del Estado considera que hay materia delictiva «no vamos a permitir» que esa conducta quede impune. El ministro adelantó que ese caso habría argumentos suficientes para presentar una demanda de ilegalización ante el Supremo. «La sentencia -agregó Fernández Díaz- hay que acatarla en su totalidad y no nos va a temblar el pulso para pedir que esos fundamentos jurídicos elaborados para Sortu se establezcan también para Bildu».
Estudio de la situación
Fuentes gubernamentales aclararon, no obstante, que no tenían noticia de que se vaya a impulsar ahora un proceso de ilegalización de Bildu. En todo caso, apuntaron, habría que estudiar a fondo el catálogo de supuestos contenidos en el fallo del Constitucional y esperar un dictamen de la Abogacía del Estado. Interior solicitó la semana pasada a las fuerzas de seguridad y a los letrados públicos, nada más conocerse la sentencia de Sortu, que, pese a la legalización, no bajaran la guardia y mantuvieran la vigilancia sobre los comportamientos de la izquierda abertzale para comprobar que no se desbordan los márgenes legales
La que no tuvo la prudencia de esperar a la Abogacía del Estado fue el pseudosindicato Manos Limpias, que el mismo viernes que el Ayuntamiento de San Sebastián aprobó la partida presentó una denuncia en la Audiencia Nacional contra el consistorio por apología del terrorismo y malversación de caudales públicos. El tribunal no ha decidido aún si la admite.
EL CORREO, 26/6/12