EL MUNDO – 07/08/15
· Ha dedicado casi un millón de euros a ayudar a quienes tuvieron que dejar el País Vasco por ETA.
La figura del «amenazado» por el terrorismo ya está siendo compensada. Aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por la presión etarra están viendo cómo el Estado se empieza a acordar de ellos.
En muchos casos, la atención es casi testimonial. Pero esta puerta, que se dejó abierta en la última modificación de la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, está ya dando sus primeros pasos. Desde principios de 2014, aquellos que se consideran «amenazados», que abandonaron el País Vasco ante el riesgo de ser asesinados por ETA, han podido pedir al Estado ayuda en forma de compensaciones por esa situación; un resarcimiento por el gasto económico que aquella situación les provocó.
Hasta el momento, según explican fuentes oficiales, 200 personas han solicitado estas ayudas. El Ministerio del Interior, tras analizar los expedientes, ha concluido que cerca de 180 cumplen con todos los requisitos legales exigidos. Entre otros elementos, se pide que exista un pronunciamiento judicial sobre estas amenazas. Es decir, que el amenazado haya denunciado los hechos.
En cualquier caso, el objetivo es dar cobertura no sólo al amenazado que se haya tenido que ir, sino también al que se ha quedado. Según el reglamento, quienes acrediten que tuvieron que abandonar su lugar de residencia por estar en riesgo por el terrorismo pueden solicitar al Estado que les sufrague los gastos ocasionados por esa circunstancia. Las ayudas se dan, con efecto retroactivo, por traslado de municipio, abandono de la vivienda habitual, gastos de escolarización, tratamiento psicológico y otros, dirigidas a su reinserción laboral, lo que vaticina una gestión complicada.
Sin embargo, han sido muchos los que abandonaron el País Vasco y Navarra tras ser amenazados pero no acudieron al Justicia. Estos, en un principio, no estarían incluidos en esta legislación, aunque desde Interior no se descarta que si crecieran las demandas de acogerse a la ley por parte de este perfil de amenazados que no denunciaron se pueda estudiar una reforma legal.
De momento, el Estado ha pagado ya casi un millón de euros en ayudas para estos amenazados, para vivienda, por mudanza, para Educación, para apoyo psicológico e incluso para garajes.
Recuerdan estas fuentes que muchos de los que denuncian la situación de amenazado provienen de la gestión pública: han sido o son concejales de localidades del País Vasco o de Navarra, básicamente del PP, de UPN y del PSOE.