EL CORREO 06/08/14
El Ministerio del Interior justifica su decisión de retirar la indemnización a 46 víctimas de los GAL y de otros grupos como el Batallón Vasco Español alegando que cuenta con «informes» que prueban de forma «suficiente» la «pertenencia» a ETA de los beneficiarios. En una respuesta parlamentaria escrita a la coalición abertzale Amaiur que se dio a conocer ayer, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ratifica la suspensión de las ayudas al entender que los solicitantes no cumplen los requisitos exigidos.
«La pertenencia a la organización terrorista ETA u organizaciones vinculadas, en estos casos, se encuentra probada de forma adecuada y suficiente mediante los informes correspondientes, que constituyen una prueba documental, de carácter oficial y emitida por órgano competente en función de la materia y perfectamente admisible en dichos procedimientos», dice el Ejecutivo.
Amaiur preguntó al Gobierno acerca de las razones para retirar estas ayudas, una decisión que fue anunciada por el propio ministro en el Congreso de los Diputados el pasado abril. La coalición denunció que estas víctimas estaban «legalmente reconocidas» y acusó al gabinete de Mariano Rajoy de recurrir a «una justificación judicialmente no probada y, en algunos casos, abiertamente inventada de que los afectados eran miembros de ETA».