EL CORREO, 14/3/12
Asegura que la orden cumple la «estricta» legalidad porque el antiguo terrorista ha cumplido tres cuartas partes de condena y ha roto con la banda
No hay ninguna nueva vía para excarcelar a presos de ETA con delitos de sangre. Se trata de aplicar de manera «estricta» la legalidad. El Ministerio de Interior negó ayer con estas palabras que promueva la libertad condicional para internos terroristas con delitos de asesinato.
Lo dijo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en relación a la propuesta de que el etarra Fernando de Luis Astarloa, condenado a 58 años de cárcel por dos crímenes en la década de los ochenta, pueda acceder a la libertad sin restricciones. Para el ministerio, este hecho no es más que fruto de la normativa vigente, que establece que las «juntas de tratamiento tienen la obligación de iniciar y someter al juez de Vigilancia el expediente de libertad condicional de aquellos penados que han extinguido las tres cuartas partes de su condena», como es el caso de Astarloa. Otros nueve presos, uno de ellos de ETA -Jon Aldana Celaya- y el resto de Segi, han salido de la cárcel desde el viernes pasado tras agotar sus condenas.
El departamento que dirige Ángel Yuste explicó en un comunicado que la decisión de conceder el tercer grado -régimen de semilibertad previo a la excarcelación- a Astarloa se produjo el 20 de octubre de 2011, «con el anterior Gobierno», sin que ello suponga que los actuales responsables de Interior «cuestionen su estricta legalidad». La Junta de Nanclares, en Álava, presentó el 21 de diciembre -un día antes de la llegada del equipo de Mariano Rajoy- el expediente al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
El ministerio aseguró ayer que «no existe estrategia alguna que abra la libertad condicional a ningún asesino» porque la administración penitenciaria está obligada a proponer la libertad condicional si el recluso cumple con los requisitos «estrictamente reglados que exige el Código Penal». En el caso de los terroristas, los internos podrán salir a la calle sin restricciones solo si, una vez cumplido el 75% de su condena, se reinsertan, piden expresamente perdón a las víctimas, reniegan de ETA, aceptan pagar las indemnizaciones de sus atentados y se comprometen a colaborar con la Justicia. Este es el caso de Astarloa, que incluso con la aplicación de la denominada ‘doctrina Parot’ ya saldó las tres cuartas partes de su pena y desde hace meses está expulsado de ETA por firmar en 2010, junto a otros cinco presos de la banda, una carta en la que renegaba públicamente de la organización. A ello se suma que desde hace año y medio goza de beneficios -como estar en prisión solo para dormir a pesar de no haber sido progresado de grado- sin que haya habido ningún problema.
En manos del juez
En cualquier caso, será el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, el que decidirá si concede la libertad al exetarra. Una decisión, recalcó Interior, que solo podría ser recurrida por la Fiscalía o por el propio preso. Antes, Castro tendrá una audiencia con la familia de sus víctimas, si éstas así lo desean, para escuchar su parecer, que no será vinculante.
El juez ya ha pedido a la Audiencia Nacional que localice a los allegados de sus dos víctimas, el peluquero Agapito Sánchez Angulo, asesinado en Portugalete en 1985, y el taxista Juan José Uriarte, muerto ese mismo año en Bermeo. Si finalmente accede a la libertad condicional, Astarloa, exmiembro del ‘comando Orbaiceta’, habrá cumplido 22 años de prisión efectiva de los 58 años a los que fue condenado.
EL CORREO, 14/3/12