EL CONFIDENCIAL 22/07/13
Asegura que la salud del etarra es crítica
La presión sobre el Ministerio del Interior crece conforme se acerca el próximo 31 de agosto, la fecha de caducidad que los médicos asignaron hace un año a la vida del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga. Pero a pesar de la proximidad de ese límite, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz mantiene los plazos sobre la salud del exrecluso y no promoverá su reingreso en prisión, tal y como le piden las víctimas del terrorismo, que dudan de la gravedad de las dolencias que sufre Bolinaga. Según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por El Confidencial, la situación del etarra es crítica y le resultará prácticamente imposible llegar con vida al mes de septiembre.
Ese fue el horizonte que barajó Instituciones Penitenciarias cuando le concedió a Bolinaga el tercer grado en agosto de 2012 por “razones humanitarias”. El organismo dependiente de Interior consideró que el deterioro de la salud del etarra era irreversible y que su estancia en prisión podía resultar incompatible con el tratamiento médico que necesitaba. Tras su clasificación como preso de tercer grado, la Audiencia Nacional decretó su excarcelación, apoyándose en informes del Hospital de San Sebastián. La condena efectiva de Bolinaga quedó reducida así a 15 años de prisión, frente a los 30 que podría haber llegado a pasar entre rejas, tras ser condenado a 210 años de cárcel por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y el asesinato de tres guardias civiles.
Según los médicos que le evaluaron antes de abandonar la cárcel, las opciones de Bolinaga de rebasar la frontera del próximo 31 de agosto se reducen a un 10%. Pero esa fecha está a la vuelta de la esquina y el miembro de ETA no aparenta encontrarse en la situación límite que preveían los facultativos. La frontera de los nueves meses, que según los médicos sólo superaría en un 50% de los casos, ya la ha pasado holgadamente.
No era lo esperado, pero fuentes consultadas por este diario aseguran que el Ministerio del Interior maneja informaciones que siguen ubicando el horizonte de vida del etarra en el próximo mes. Interior sostiene que se cumplirán los pronósticos que hicieron los médicos hace un año. Por ello, Instituciones Penitenciarias no contempla en estos momentos la posibilidad de reclasificar a Bolinaga como un recluso de segundo grado, una medida que provocaría automáticamente el reingreso en prisión del terrorista. Interior sólo baraja la vuelta a la cárcel de Bolinaga si esta medida es adoptada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, el mismo magistrado que dictaminó su excarcelamiento en agosto del pasado año. No obstante, esta segunda opción también se considera remota por la crítica salud del miembro de ETA.
El último informe
En todo caso, para tratar repeler la críticas que le está generando este episodio y armarse de argumentos, el Ministerio del Interior encargó el pasado mes de junio un nuevo informe sobre la situación del etarra al mismo hospital de San Sebastián, el centro en el que se está tratando Bolinaga desde que salió de prisión. Tal y como preveía Interior, el dictamen de los facultativos, remitido a la Audiencia Nacional hace tres semanas, ratificó punto por punto los pronósticos iniciales. El dictamen de los facultativos, remitido a la Audiencia Nacional hace tres semanas, ratificó punto por punto los pronósticos iniciales
Según el comité que examinó a Bolinaga para este nuevo dictamen, el tratamiento médico que se le ha aplicado en los últimos meses no ha dado los resultados esperados: el carcinoma renal que padece continúa extendiéndose y su esperanza de vida más allá del próximo 31 de agosto se reduce a un 10%, es decir, la misma estimación que se barajó cuando se decretó su salida de la cárcel. Su pronóstico es “muy desfavorable”, concluyen los médicos.
Interior considera que el informe no deja ninguna duda sobre la salud de Bolinaga, pero Castro ha solicitado un nuevo dictamen a un comité médico diferente, tal y como habían pedido la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), antes las dudas sobre la independencia de los facultativos que se han encargado de evaluar la situación del etarra.