LA VOZ DE GALICIA, 6/9/11
Los internos de ETA no podrán llevar ni un bolígrafo, serán cacheados tras las entrevistas con sus familiares y abogados y estarán sometidos a «una permanente observación durante cada una de sus actividades».
Alerta máxima. El Ministerio del Interior no quiere que se le escape ni un solo movimiento de los 550 reclusos de ETA, sobre todo ahora que la banda pretende abrir en las prisiones un amplio debate de varios meses sobre el futuro de la organización terrorista y en un momento en el que ETA ha perdido gran parte de su influencia entre su colonia reclusa. Instituciones Penitenciarias remitió el pasado 29 de julio a todos los centros órdenes expresas de extremar al límite el control de los internos etarras para evitar que lleguen consignas de la cúpula terrorista y, en cualquier caso, saber de primera mano cualquier mandato del exterior.
Las órdenes de poner bajo la lupa más que nunca a los terroristas están contenidas en una circular de 21 páginas, la instrucción 12/2011, que firma el director general de Coordinación Territorial y Medio Abierto de prisiones, Virgilio Valero, mano derecha de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Esta instrucción, tras la aprobación el pasado marzo del nuevo reglamento penitenciario, regula por primera vez con amparo legal, las «medidas de seguridad» a las que se pueden someter a los reclusos más peligrosos, los incluidos en el denominado ‘Fichero de Internos de Especial Seguimiento’ (FIES).
La instrucción va mucho más allá en el control al que hasta ahora se podía someter a los terroristas FIES en virtud de las anteriores órdenes, que databan de 2006 y que ahora se derogan, ya que no tenía paraguas legal alguno y habían recibido duros varapalos por parte de los tribunales. La instrucción 12/2011 dedica casi la totalidad de su contenido a los miembros de las «bandas armadas», a los que, por primera vez, separa del resto de reclusos peligrosos y sobre los que establece «mayores medidas de precaución» con respecto al resto de los presos ‘fies’.
Por lo pronto, a los nuevos FIES-BA (denominación técnica de los presos terroristas) se les someterá expresamente a «una permanente observación y control durante todas y cada una de las actividades que desarrollen». Las órdenes son tajantes: una vez al mes la dirección de la prisión deberá enviar un pormenorizado informe a la Dirección de Seguridad Interior de prisiones en el que se detallen «las relaciones (del preso) con los funcionarios», las «relaciones con otros internos», «el rol (del recluso) y capacidad de liderazgo en los grupos organizados o espontáneos de los centros», «relaciones con otros grupos» y «control del movimiento de sus cuentas en el peculio». Es más, Interior ordena «indagar el origen» del dinero que llega del exterior a los presos en el que caso de sean «aportaciones llamativas». Incluso, en esos informes mensuales deberá constar si el preso paga gastos de otros internos.
El departamento que dirige Antonio Camacho hace hincapié en que ese «control riguroso» de los terroristas se debe extremar en los traslados, comunicaciones, cacheos o ubicación de los internos para evitar a toda costa que se hagan llegar consignas o instrucciones de personas desde el exterior. Así -establece la circular- todos los etarras serán «cambiados de celdas» cada dos meses, «en ningún caso» los FIES-BA compartirán celda con otro terrorista, ni habitáculos «contiguos» y serán sometidos a «rondas nocturnas» cada dos horas. Se prohíbe además a los funcionarios notificar a los etarras o a sus familias la fecha de posibles traslados para visitar al médico, revisiones que nunca podrá solicitar directamente ni el recluso ni sus familiares.
«Acabar con estas prácticas»
La obsesión de Interior por controlar cualquier mensaje del exterior se hace patente sobre todo en el apartado de «intervención de comunicaciones orales», después de que en último año y medio haya constatado de manera fehaciente que abogados de ETA y familiares de los presos han transmitido consignas de la banda a los reclusos durante las entrevistas de los locutorios. «El medio más utilizado para trasladar información que escape a la intervención de las comunicaciones es la utilización de papeles o documentos que se enseñan a través del cristal de las cabinas», explica la circular, que llama a «acabar con estas prácticas».
Como Interior no puede por ley intervenir las comunicaciones con los abogados de ETA, establece exhaustivos controles a los presos antes y después de las entrevistas con sus letrados. Así, «se prohíbe que los internos que celebren comunicaciones sean portadores de documentos, papeles en blanco o escritos, revistas, otros textos o soportes y bolígrafos, lápices y otros medios que permitan escribir». Tras los encuentros, los etarras serán cacheados siempre y, a partir de ahora, un funcionario acompañará en todo momento al terrorista en el trayecto al locutorio y estará presente en el encuentro (siempre que no sea con su letrado).
Interior, además, ordena dotar a todos los locutorios de cerraduras y de mantener bajo llave a los terroristas durante las entrevistas, para que no puedan cambiarse de cabina por su cuenta, garantizando que sus comunicaciones siempre puedan ser grabadas.
El control también se extremará para las publicaciones que reciban los terroristas. La circular establece que sólo podrán acceder a publicaciones que tengan «depósito legal o pie de imprenta» y recalca que, en cualquier caso, prisiones podrá revisar todo el material que llegue a los presos y censurarlo si se considera que «puede atentar contra la seguridad del centro» o si está «redactado en un idioma o dialecto que impida conocer su contenido».
La circular asimismo establece un protocolo para informar en tiempo real a los responsables del Ministerio del Interior de cualquier contingencia o incidente que protagonicen los FIES-BA.
Además, se abre canal directo para que «los datos e informe relevantes» sobre los etarras y otros presos terroristas que «tengan interés judicial o policial», «ya sea para la prevención de actividades delictivas o para la marcha de los procesos», se «comuniquen» de inmediato y de «forma aislada» a las fuerzas de seguridad o a la Audiencia Nacional.
LA VOZ DE GALICIA, 6/9/11